Un chivo expiatorio perfecto

Por Luis Alberto Ramirez ()

Miami.- El hermetismo con el que el régimen de La Habana ha manejado el caso del exministro Alejandro Gil no solo es inusual, sino profundamente revelador. Desde el primer momento, las autoridades impusieron una orden de silencio férrea, especialmente dirigida a quienes más podían incomodar con sus preguntas: los hijos del exministro. Y esa orden, al parecer, ha sido cumplida al pie de la letra.

La hija de Gil, quien en un inicio exigió públicamente un juicio justo y transparente para su padre, no volvió a pronunciar una sola palabra. Su repentina desaparición de las redes sociales ocurrió justo después de denunciar irregularidades, como si alguien hubiese puesto un candado a su voz. El hijo, por su parte, fue el único familiar autorizado a entrar al tribunal. Sin embargo, su silencio antes, durante y después del proceso es tan absoluto que resulta imposible no preguntarse qué le exigieron, o qué le advirtieron, para mantenerlo.

El juicio, contrario a las normas más básicas de transparencia, no fue ni público ni justo. La Habana se limitó a exponer su versión de los hechos, una narrativa cerrada, autocontenida y conveniente, sin que se conocieran jamás los argumentos de la defensa.

Preguntas esenciales quedaron sin respuesta, como si se tratara de un expediente sellado para siempre. ¿Quiénes eran los otros implicados en la supuesta red de corrupción? ¿Qué cargos tenían? ¿En qué instituciones operaban? ¿Cuáles eran sus vínculos con el exministro? Nadie lo sabe. Sus nombres no fueron mencionados, sus roles no fueron descritos. El país solo recibió una historia incompleta, cuidadosamente diseñada para dirigir todas las miradas hacia un único acusado.

La versión del entramado con más involucrados

Tampoco se aclaró la acusación más grave: ¿espionaje para quién? En cualquier país del mundo, una imputación de semejante magnitud ameritaría pruebas públicas, testimonios, documentos, algún indicio verificable. En Cuba, en cambio, se manejó como un secreto de Estado. Un juicio a escondidas, un proceso opaco donde la verdad importa menos que la conveniencia política.

Este hermetismo ha alimentado una hipótesis que gana fuerza entre observadores, analistas y ciudadanos: Alejandro Gil habría sido convertido en el chivo expiatorio de un entramado delictivo mucho más amplio, uno que el régimen no puede, o no quiere, exponer. Un entramado que involucra a funcionarios, militares, empresarios asociados al poder y, según algunas versiones, alcanza incluso la sombra del propio Fidel Castro y su legado de control absoluto sobre la economía cubana.

La opacidad del proceso no solo genera dudas, sino que confirma lo que muchos saben desde hace décadas: en Cuba, la justicia no es un mecanismo de transparencia, sino una herramienta política. El silencio obligado de la familia, la ausencia de información, la falta de nombres, la desaparición de pruebas y la narrativa unilateral del Estado revelan un juicio diseñado más para escarmentar que para esclarecer.

Mientras tanto, los cubanos se quedan con una historia oficial que no explica nada y con un silencio que lo dice todo. En la isla donde “en silencio ha tenido que ser”, la verdad siempre termina enterrada bajo toneladas de miedo, control y conveniencia. Y el caso Gil, lejos de ser una excepción, es la confirmación de un sistema que prefiere la sombra a la transparencia, y el sacrificio de uno para ocultar la culpa de muchos. Así que los que conforman esa maraña perfecta de represión, deben comprender que el escarmiento en Cuba pesa más, que el mas grande de los privilegios.