Por René Fidel González ()
Santiago de Cuba.- El diálogo político implica partes que gozan del derecho a la igualdad política, de un sistema constitucional y político que reconozca y garantice la igualdad política.
Si esto no es posible, si tal condición política esencial no existe, frecuentemente el único camino para alcanzar el diálogo es que una de las partes se lo imponga políticamente a la otra como necesidad y también, definitivamente, como contradicción central.
Si la consecuencias de la desactivación jurídica y política de la igualdad, de su memoria histórica, así como de sus procesos, prácticas y la identidad que ella genera en una sociedad, es lograr la exclusión, la discriminación, persecución y el castigo por motivos políticos de una parte de los miembros de ella, la condición, lo que da paso a la admisión de la necesidad y jerarquización del diálogo es, al mismo tiempo, la razón fundamental por la que se ha intentado todo para descartar y eliminar cualquier posibilidad de que ocurra. El diálogo es implícitamente siempre, el reconocimiento político del otro.
En Cuba, cualquiera que proclame la necesidad del diálogo intentando soslayar la desactivación jurídica del derecho de igualdad política, la existencia de un medio ecológico institucional, de normas, prácticas y valores diseñados para producir selectiva y masivamente discriminación, persecución y el castigo contra los que intentan ejercer este o cualquier otro derecho político fuera de los sentidos y límites asignados; cualquiera que pretenda ignorar el obstáculo que implica para la participación política legal y plena de los ciudadanos todo esto, no está, en modo alguno, consiguiendo persuadir, educar o conducir a una de las partes al diálogo, a su utilidad y las oportunidades que ofrece. Mucho menos si esa parte es la que determina las condiciones de la desigualdad y opresión política.
Para los excluidos asumir el problema de la exclusión política en su sociedad, significa sobre todo, en términos de lo consustancial a la legitimidad política, iniciar, concretar y jerarquizar un diálogo social sobre cómo alcanzar la igualdad política como derecho y condición formal para el acceso jurídico pleno de los ciudadanos a la política y lograr la transformación de su realidad.
Esto es, útil y virtuoso.
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