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Por Carlos Carballido
Texas.- El Partido Demócrata de Estados Unidos se opone firmemente al proyecto de ley SAVE, que exigiría a todos los Estados presentar documentos de ciudadanía para el registro electoral. Más allá de sus argumentaciones formales, la razón principal parece ser un problema de supervivencia política. Esto ocurre en aquellos bastiones donde dominan desde hace décadas.
Ya vimos que la retórica barata de “proteger” a los ciudadanos que no poseen esos documentos (aproximadamente el 9% de la población en edad para votar), tiene una sola razón de mayor peso. Es el Cálculo Estratégico de Protectorado Electoral.
Un análisis lógico y rápido indica que en Estados Unidos hay 26 Estados demócratas, de los cuales 20 son bastiones inamovibles del partido. En todos ellos —a excepción de Vermont y Delaware— no se exige identificación para votar.
Estas excepciones tienen un motivo definido: una población pequeña y homogénea, donde una votación abierta sin identificación podría generar sospechas inmediatas de fraude.
Durante años ha sido difícil afirmar con certeza que esos 24 bastiones demócratas han tenido elecciones limpias. Al no exigir identificación, un inmigrante ilegal puede acudir a las urnas sin riesgo de ser acusado por la ley electoral federal.
Esto convierte el asunto en una cuestión de vida o muerte para el Partido Demócrata. Implementar una identificación real al momento de votar garantizaría la integridad legítima del sufragio. Además, de un plumazo, equilibraría las votaciones a favor de uno u otro bando.
Sociológicamente, es falso que Estados como California o Colorado sean monolitos liberales. Una mayoría desproporcionada hacia el partido azul también es una falacia monumental con la que se entretiene al electorado estadounidense.
Esta es otra razón por la cual, antes de la era Clinton, las elecciones legislativas eran más definidas y equilibradas. Además, la permisividad para votar sin identificación —impulsada por el discurso de Obama en un video dirigido a beneficiarios de DACA— se convirtió en el relato principal de los sectores más radicales del Partido Demócrata.
A nivel global, 174 naciones —la mayoría incluso del llamado “Tercer Mundo”— exigen documentación de ciudadanía para votar. Todas, excepto Nueva Zelanda, aplican severas sanciones a quien viole esa regla.
El proyecto de ley SAVE ha sido aprobado en el Congreso, pero no hay garantías de que avance en el Senado, porque los demócratas saben que se juegan el cuello si prospera. ¿Y por qué lo afirmo? Sencillo: todos los estados que exigen identificación oficial y pruebas de ciudadanía para votar son bastiones republicanos.
Así de simple. La realidad es una, y los datos son testarudos. Lo demás es pura retórica barata de quienes dicen defender a “los pobrecitos sin documentos” que, en muchos casos, incluso reciben pensión de jubilación.