PSOE y gobierno de coalición bajo una tormenta judicial sin precedentes y en jaque el ejecutivo

Por Jorge Menéndez ()

Cabrils.– El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el actual gobierno de coalición se encuentran inmersos en una crisis política y judicial de una magnitud inusual, que cuestiona los cimientos de su autoridad moral y amenaza la estabilidad del ejecutivo. Una serie de investigaciones y procedimientos judiciales concurrentes, que afectan a figuras de su más alto nivel, han creado una tormenta perfecta en la que la figura del presidente, Pedro Sánchez, y la de sus allegados, no quedan al margen.

El caso más grave es el denominado caso Koldo, que ha llevado a la cárcel al exasesor José Luis Ábalos, quien fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, y a su presunto hombre de confianza, Koldo García. Se les acusa de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal en el marco de la adjudicación irregular de contratos de mascarillas durante la pandemia. Su relevo en la secretaría de Organización, Santos Cerdán, también está acusado en un caso de corrupción relacionado con la empresa Servinava, actualmente en libertad condicional bajo fianza.

La sombra de la corrupción y los delitos sexuales se extiende. Tres cargos del PSOE están acusados de violencia sexual. En Galicia, el alcalde socialista de Monforte de Lemos y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha dimitido de este último cargo tras ser acusado de tocamientos y agresiones sexuales por seis mujeres, aunque mantiene la alcaldía y su escaño. Paralelamente, la esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez, está siendo investigada por presuntas irregularidades en la dirección de una cátedra universitaria que habría repartido ayudas públicas.

¿Cuánto se sostendrá el gobierno?

La crisis de credibilidad alcanza al propio aparato del Estado. El Tribunal Supremo ha suspendido al Fiscal General del Estado, älvaro García Ortiz, por desvelar información privada sobre el marido de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Mientras, la aerolínea Plus Ultra, que recibió una polémica ayuda pública de 55 millones de euros, ha sido intervenida judicialmente.

Este panorama judicial convive con una extrema dependencia parlamentaria del gobierno. La supervivencia de la coalición ejecutiva se sostiene gracias a los votos decisivos de los partidos nacionalistas vascos y catalanes, cuya agenda independentista condiciona la acción de gobierno. Esta fragilidad se hizo palpable en la reciente reunión en Bruselas entre el expresidente catalán Carles Puigdemont y el histórico dirigente de la ya disuelta banda terrorista ETA, Arnaldo Otegi, que sellaron una declaración de «colaboración» que impacta directamente en el equilibrio político nacional.

Ante esta acumulación de escándalos y la presión judicial, la oposición y una parte significativa de la opinión pública claman por responsabilidades políticas. El grito de «Sánchez, dimisión» resuena en las calles y en el hemiciclo. Sin embargo, el presidente, calificado por sus detractores de manera hiperbólica como «dictador», se aferra al poder sin indicios de una renuncia voluntaria.

La pregunta que planea sobre la política española es cuánto tiempo podrá sostenerse un gobierno cuya autoridad se erosiona día a día entre los pasillos de los juzgados y la percepción generalizada de un deterioro ético sin precedentes en la democracia reciente.