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Madrid.- La Policía española detuvo a más de 60 personas como posibles implicados en delitos vinculados a la posesión y distribución de material de explotación sexual infantil. Así lo informó este viernes la entidad en una nota de prensa publicada en su página web.
«Agentes de la Policía Nacional han detenido a 61 personas –e investigan a otras 17– por posesión, producción y distribución de material de explotación sexual infantil. Además, han realizado más de 100 registros en casi todas las provincias del territorio nacional», destaca la nota.
Añade que entre los arrestados «hay un ingeniero informático, un exmilitar profesional –a quien se le intervinieron nueve armas de fuego y gran cantidad de munición– y un profesor de secundaria que, además, tenía menores en régimen de acogida».
Resalta que durante los registros, los agentes intervinieron una amplia cantidad de dispositivos electrónicos. Entre ellos: 37 teléfonos móviles, 63 ordenadores, 229 discos duros, 58 memorias USB y más de 1.600 unidades de almacenamiento adicionales.
La complejidad de la investigación radicó, según las autoridades, en el elevado número de personas implicadas, el volumen de registros y el análisis de miles de archivos digitales. También se vieron involucradas diversas autoridades judiciales de todo el territorio nacional.
El texto añade que la investigación fue coordinada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia en colaboración con la Fiscalía Especial de Criminalidad Informática. Asimismo, contó con la participación de más de 200 agentes procedentes de distintas plantillas territoriales.
Los arrestos se llevaron a cabo en 40 provincias, entre ellas Madrid, Vizcaya, Guipúzcoa, Segovia, León, Valladolid, Alicante, Girona, Zaragoza, Asturias, Sevilla, Málaga, A Coruña y Las Palmas.
En algunos casos, los acusados adoptaban medidas de seguridad avanzadas para borrar las huellas digitales de sus actividades ilícitas.
La Policía Nacional reiteró que cualquier persona que tenga información sobre la difusión o almacenamiento de material de abuso sexual infantil puede comunicarlo de manera anónima.
Asimismo, las autoridades recordaron que el simple almacenamiento o reenvío de este tipo de contenidos constituye un delito penal. (Sputnik)