«Opción cero» revisitada: Cuba ante un nuevo shock petrolero y las sombras del período especial

Por Pedro Monreal (El Estado como tal)

La Habana.- Ha surgido evidencia de una implementación local adelantada de las «directivas de gobierno para enfrentar el desabastecimiento agudo de combustible», cuya presentación pública oficial se anunció para dentro de una semana. Este movimiento podría interpretarse como un ensayo temprano de lo que, sin llegar a materializarse plenamente, se asemeja a una versión preliminar de la antigua «opción cero».

El concepto de «opción cero» surgió en 1990 como un escenario prospectivo y plan de contingencia, ante la posibilidad real de que el país enfrentara una disponibilidad nula o casi nula de hidrocarburos, tras la desintegración de la Unión Soviética y la consiguiente ruptura de los lazos económicos con Cuba.

Aunque dicho escenario no llegó a concretarse en toda su severidad durante la década de 1990, la crisis económica, social y política que sí se vivió fue profunda. Aquel período forzó transformaciones económicas que permitieron superar la recesión, aunque sin resolver problemas estructurales de fondo y generando nuevas distorsiones.

Existe una diferencia crucial entre ambos momentos históricos. El shock petrolero de los años noventa fue previsible y resultó de la terminación de las condiciones ventajosas de suministro de la URSS, unido a la carencia crónica de divisas de la isla. El shock actual, en cambio, ha sido abrupto y es consecuencia directa de la agudización de las sanciones económicas impuestas globalmente por Estados Unidos.

Todavía no se conoce la amplitud exacta de las nuevas directivas gubernamentales anunciadas. Sin embargo, las medidas implementadas de manera avanzada en diversas localidades durante las últimas 24 horas parecen replicar el patrón inicial del llamado «Período Especial», concentrándose de manera casi exclusiva en el ahorro energético y de combustible.

Ojo con las prioridades

Como referencia histórica, en 1990 las autoridades adoptaron tres grupos de medidas escalonadas: acciones preliminares limitadas en mayo, seguidas de dos rondas amplias en agosto y septiembre.

La primera ronda priorizó el ahorro de electricidad (tanto en el sector residencial como en el estatal), la reducción del consumo de combustibles en la gran industria y la actividad agropecuaria, y la contención del gasto en el transporte.

La segunda ronda, adoptada a escasos días de la primera, amplió el alcance del ahorro de combustible y extendió las adaptaciones hacia la producción de medios de transporte alternativos, la reordenación del empleo y el establecimiento de mecanismos de racionamiento.

Una incógnita crítica que permanece es si el gobierno cubano habrá incorporado en estas nuevas directivas lo que debería considerarse una de las grandes lecciones de la crisis de los años noventa: la gestión agropecuaria debe tener, desde el inicio, la misma prioridad estratégica que el ahorro de combustible.

Sería un error monumental diseñar la política agropecuaria con un enfoque de mera economía de supervivencia (como promover solo una agricultura urbana de subsistencia y la autarquía municipal). La relativa eficacia de la gestión agropecuaria en los años noventa se basó precisamente en lo contrario: en la introducción de mecanismos de mercado y en la desestatización parcial del uso de la tierra.