Los cubanos se autocensuran por temor a caer en manos de la dictadura

Por Redacción Nacional

La Habana.- Cuba ha consolidado en los últimos años un sistema de vigilancia digital que ya no opera en la sombra, sino como un engranaje estructural del control político. Así lo expone el Primer Informe Integral sobre la Vigilancia Digital en Cuba, elaborado por la ONG Defensores de Prisioneros, un documento que se apoya en 200 testimonios de víctimas dentro y fuera de la isla y que describe un modelo orientado, sin eufemismos, a neutralizar el disenso.

No se trata de excesos aislados ni de fallas técnicas: el informe habla de una arquitectura pensada para vigilar, intimidar y disciplinar.

Según la investigación, el régimen cubano actúa bajo una lógica de “Gran Hermano”, enfocada en desarticular redes sociales, cívicas y políticas independientes. El resultado más visible de este esquema es la autocensura. Durante la presentación del informe, realizada de forma telemática, el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, subrayó el clima de temor que se ha instalado entre los ciudadanos. Publicar en redes sociales o incluso intercambiar mensajes privados por WhatsApp se ha convertido, para muchos cubanos, en una actividad de alto riesgo.

Los datos respaldan esa percepción. El 46,5 % de los encuestados afirmó haber sufrido la intervención directa de sus comunicaciones en aplicaciones de mensajería, con contenidos que luego fueron citados por la policía durante interrogatorios o detenciones sin orden judicial. Además, el 98,5 % declaró haber recibido sanciones o amenazas por lo que dijo, escribió o compartió en espacios digitales. Entre los testimonios recogidos figuran activistas, familiares de presos políticos y periodistas independientes, y más del 80 % de ellos aún reside en Cuba.

El informe identifica al menos diez patrones de vigilancia, entre los que destacan el ciberpatrullaje sistemático, los cortes selectivos de internet y la llamada intrusión digital coercitiva. Esta última práctica, que afecta al 65,5 % de la muestra, consiste en obligar a las personas a desbloquear sus teléfonos sin respaldo judicial.

Tras ese acceso forzado, muchas víctimas detectaron sesiones activas desde ubicaciones desconocidas, un indicio claro de intervención prolongada. A ello se suma el bloqueo del acceso a internet, sufrido por el 77,5 % de los encuestados, generalmente en fechas sensibles como protestas o aniversarios del 11 de julio de 2021.

Para la ONG, este panorama se ve reforzado por un marco legal diseñado como mordaza. Normas como el Decreto-Ley 370 y el nuevo Código Penal permiten imponer multas elevadas y decomisar equipos por difundir información contraria al llamado “interés social”, un concepto deliberadamente ambiguo. Según advirtió Caren Herrera, directora jurídica de la organización, estas prácticas eliminan cualquier expectativa razonable de privacidad y vulneran de forma directa derechos fundamentales como la intimidad y la libertad de expresión. En Cuba, concluye el informe, la vigilancia digital no es una anomalía: es política de Estado.