La narrativa del pánico o estrategia de supervivencia de un régimen

Por Albert Fonse ()

Ottawa.- Tras el arresto del narcoterrorista Maduro, la dictadura cubana ha comenzado a impulsar una narrativa de pánico cuidadosamente diseñada. No es improvisación. Es un reflejo condicionado de supervivencia. El régimen intenta abrir dos frentes discursivos para confundir, disuadir y ganar tiempo frente a un escenario que percibe como existencial.

El primer frente es interno y físico. Se repite la idea de que, si caen bombas en Cuba, todo colapsaría de inmediato debido al estado real de las viviendas, la infraestructura y los servicios básicos. Esa afirmación no busca describir un riesgo humanitario real —que existe—, sino convertirlo en arma política. El mensaje es simple: cualquier acción militar sería “irresponsable” porque provocaría una catástrofe civil inmediata. El régimen no habla de su culpa en ese deterioro; habla del desastre como si fuera un fenómeno inevitable. Es una estrategia clásica de escudo humano narrativo.

El segundo frente está jugando con fuego, y ellos no están locos de verdad. Se intenta instalar la idea de que la dictadura posee capacidad operativa dentro de Estados Unidos y que podría activar acciones si el conflicto escala. El objetivo es elevar el costo percibido, sembrar dudas y frenar decisiones. Es intimidación indirecta.

Esa amenaza es, en la práctica, una exageración interesada. La cúpula del régimen sabe que cualquier acto violento atribuible a Cuba en territorio estadounidense cambiaría el marco legal interno de Estados Unidos en minutos y abriría la puerta a una respuesta que La Habana no podría resistir.

El presidente y el Congreso

Ante un ataque terrorista, el presidente de Estados Unidos obtiene autoridad ejecutiva ampliada inmediata. Como Comandante en Jefe, puede ordenar el uso de la fuerza para prevenir nuevos ataques sin autorización previa del Congreso.

La Ley de Poderes de Guerra (War Powers Resolution) permite iniciar acciones militares y sostenerlas mientras se consolida el respaldo legislativo. En ese contexto, el Congreso puede aprobar en horas una Autorización para el Uso de la Fuerza Militar específica, otorgando carta blanca legal para ataques preventivos y sostenidos contra el responsable.

La emergencia nacional se declara de inmediato. Eso habilita la congelación total de activos, el cierre de transacciones financieras, el bloqueo de comercio y transporte, la suspensión de remesas, la revocación de visas y estatus migratorios, y detenciones vinculadas a redes del régimen. Todo bajo leyes internas existentes.

La soga al cuello

Los organismos que se activan operan sin fricción. El Departamento de Defensa ejecuta la operación preventiva contra objetivos del régimen. La CIA confirma la atribución, identifica blancos y coordina operaciones encubiertas. El FBI desmantela redes dentro del país con arrestos y acusaciones por terrorismo. El Departamento de Seguridad Nacional eleva la alerta y refuerza fronteras. El Departamento de Justicia activa estatutos antiterroristas de máxima severidad. El Consejo de Seguridad Nacional centraliza la decisión estratégica.

La respuesta política es automática: cierre de filas bipartidista, respaldo del Congreso. Costo interno nulo para el presidente. Con ese marco, un ataque terrorista habilita legalmente un ataque preventivo directo contra la dictadura cubana bajo leyes estadounidenses, sin obstáculos reales.

Por eso el régimen no cruza esa línea. Puede agitar miedo, amplificar relatos y financiar propaganda. Puede organizar protestas de colores y presionar a aliados políticos. Pero entiende que un solo paso hacia la violencia real activaría todo el Estado estadounidense y sellaría su destino. No habría loma ni túnel para esconderse, y China y Rusia dirían: «Yo no tengo nada que ver».

Saben que no es lo mismo ponerse una bufanda de Hamas que tener la soga al cuello.