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Por Luis Alberto Ramirez ()
Miami.- La política de Estados Unidos para impulsar la democratización de Venezuela no solo ha sido ambiciosa, sino también peligrosamente contradictoria. El propio discurso del presidente Donald Trump, al hablar de “manejar” una transición democrática, ha ido perdiendo claridad y coherencia conforme se ejecutan decisiones sobre el terreno que apuntan en dirección opuesta.
Desde el punto de vista estrictamente técnico, puede entenderse la lógica de la CIA al evitar colocar de inmediato a Edmundo González y María Corina Machado al frente del poder. Washington suele desconfiar de transiciones abruptas y prefiere esquemas graduales que minimicen el colapso institucional. Sin embargo, lo lógico no siempre es lo correcto, y mucho menos lo seguro.
La decisión de respaldar, directa o indirectamente, a Delcy Rodríguez y al círculo chavista que la rodea, bajo el argumento de “mantener la estabilidad”, equivale a poner al lobo a cuidar el gallinero. Se parte de una premisa profundamente ingenua: que una élite construida sobre la represión, la corrupción y el delito va a autolimitarse y facilitar una transición que implique su propia desaparición del poder.
Los hechos, al menos en la práctica política visible, apuntan en la dirección contraria a cualquier supuesto acuerdo: Se han movido presos políticos, pero no se les ha liberado. Se ha reforzado la narrativa de legitimidad del chavismo, incluso proclamando continuidad presidencial. Se ha criminalizado el respaldo a la intervención estadounidense, endureciendo el clima represivo.
Todo esto plantea una pregunta central: ¿qué ocurrió con el supuesto arreglo para la transición? La respuesta más inquietante es que nunca fue un acuerdo de transición real, sino un pacto de contención: ganar tiempo, evitar un estallido inmediato y preservar una fachada de gobernabilidad.
Aquí es donde la estrategia estadounidense corre el riesgo de salirle “el tiro por la culata”. Al permitir que se consolide un “nuevo chavismo” con apariencia renovada, pero con el mismo ADN autoritario, EE. UU. Contribuye, quizás sin querer, a legitimar internacionalmente a los herederos del régimen. Una vez otorgada esa legitimidad, cualquier intervención posterior, especialmente militar, se vuelve políticamente inviable, jurídicamente cuestionable y diplomáticamente costosa.
Yo creo que la política estadounidense parece atrapada entre el miedo al vacío de poder y la incapacidad de romper con el continuismo autoritario. Y en ese equilibrio mal calculado, el mayor perdedor no es Washington, sino el pueblo venezolano, que vuelve a quedar rehén de una “transición” diseñada para no cambiar nada.