La canasta maldita al desnudo

Por El Estado como tal

La Habana.- El profesor Javier Pérez Capdevila ha estimado aproximadamente en 50 157 pesos (CUP) el valor mensual actual de la canasta de bienes y servicios de referencia (CBSR) por persona.

El cálculo, que incluye un gasto en alimentación de 37 590 pesos mensuales, ha sido estimado a partir de su experiencia personal en la ciudad de Guantánamo.

Ese cómputo se agrega a mediciones como las realizadas por el colega Omar Everleny Pérez de 45 401 CUP mensuales para dos personas en diciembre de 2024 (incluyendo 24 351 CUP en alimentos) y la estimación por el Food Monitor Program de un valor de 41 735 CUP de la canasta básica alimentaria para dos personas en La Habana en agosto de 2025.

Más allá de las diferentes cuantificaciones y de los métodos utilizados, esos estimados comparten dos características: primero, se encuentran considerablemente distantes de los últimos datos oficiales de la CBSR informados en octubre de 2021 (3 250 CUP mensual por persona) y sobre los cuales no se han divulgado más actualizaciones, y segundo, son muy inferiores al dato más reciente del salario estatal medio mensual de 6 685,3 CUP (enero- septiembre de 2025).

Es precisamente esa separación entre las estimaciones del costo de la canasta y de los salarios estatales lo que parece ser la explicación más razonable respecto al profundo silencio gubernamental sobre la actualización del valor de la CBSR.

En diciembre de 2023, durante la presentación de las “proyecciones” de gobierno para 2024, el primer ministro dijo que se estaba trabajando en la actualización del costo de la CBSR, pero el hecho es que desde entonces el gobierno no ha vuelto a mencionar el tema.

No se trata de un “olvido” menor porque un eventual dato oficial del costo de la CBSR que pudiera ubicarse en el entorno de las estimaciones no oficiales, e inclusive con un valor algo menor, sería una especie de clavo en el ataúd de la promesa política de un “socialismo próspero y sostenible”.

Durante las extensas sesiones informativas en 2020 previas al “ordenamiento”, el costo de la CBSR fue mencionado frecuentemente en su condición de pilar estadístico de uno de los cuatro componentes cruciales del “ordenamiento”: la transformación de los ingresos de la población.

Se explicó entonces en detalle el procedimiento utilizado para calcular el valor “de diseño” de la CBSR que se estimaba en 1528 CUP per cápita mensual para el momento de inicio del “ordenamiento” a partir del 1ro de enero de 2021.

El valor de la CBSR era el soporte estadístico en el que se basó la determinación del salario mínimo (2100 CUP) resultado de la multiplicación del costo de la CBSR por un coeficiente de 1,3.

A su vez, el salario mínimo funcionaba como el piso base de la nueva escala salarial del “ordenamiento”. No solamente garantizaba un ingreso mínimo que presumiblemente evitaría (o minimizaría) la pobreza, sino que servía de referencia para estructurar toda la pirámide salarial que supuestamente alineaba ingresos con factores como la cualificación, nivel de responsabilidad y condiciones del puesto laboral.

Igualmente, el salario mínimo servía como referencia para otros ingresos como las pensiones, garantías laborales (en caso de interrupciones laborales se paga al menos el salario mínimo), y para determinar el umbral para asistencia social y algunas prestaciones.

Aquel entramado de variables y de efectos deseados entre ellas en que se apoyó el “diseño” del programa de gobierno conocido como “ordenamiento” se vino abajo precisamente cuando uno de sus pilares estadísticos, el costo de la CBSR se disoció -por la inflación- de manera abrupta y notable respecto al valor que según el “diseño” deberían tener importantes variables como el salario mínimo, los salarios y pensiones.

El fallo del diseño provocó un ajuste del lado de los ingresos que revirtió radicalmente y de manera rápida el funcionamiento “planificado” de los incentivos del sistema económico: los ingresos del trabajo dejan de ser el componente principal del bienestar familiar.

La política económica oficial acepta la realidad de un incremento notable del costo de la CBSR, sin informarlo públicamente y sin soluciones a corto plazo, y opta por desvincular el costo de la vida respecto a la dinámica de la remuneración del trabajo. En el nuevo “programa económico de gobierno” presentado recientemente no se aprecian procesos que harían factible resolver esa distorsión estructural.

Haber “normalizado” oficialmente el excesivo desacoplamiento del costo de la CBSR y de los salarios indica la aplicación de una variante de terapía de choque que intenta disimularse mediante el ocultamiento del dato “maldito” del costo oficial de la canasta.