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Por Jorge L. León (Historiador e investigador)
Houston.- Las sociedades democráticas, en su legítimo afán de humanizar la justicia, han convertido la amnistía en una herramienta extrema del perdón político. Sin embargo, la historia demuestra —una y otra vez— que cuando ese perdón se concede sin condiciones morales, sin supervisión y sin límites éticos, deja de ser un acto de reconciliación para transformarse en un crimen diferido.
La amnistía no es neutral. Es una decisión histórica con consecuencias irreversibles. En América Latina, su uso irresponsable ha erosionado repúblicas, destruido instituciones y, en no pocos casos, ha sembrado muerte, exilio y miseria.
Fidel Castro, Hugo Chávez, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro representan —con trayectorias distintas pero un mismo hilo conductor— el fracaso de la indulgencia política sin escrutinio.
Fidel Castro fue amnistiado en 1955 tras el asalto armado al cuartel Moncada, un acto que dejó muertos y heridos y que, en cualquier Estado de Derecho sólido, habría merecido una condena completa. Aquella amnistía, otorgada en nombre de la pacificación, no trajo reconciliación sino venganza.
El propio Castro lo admitiría años después: «La historia me absolverá», no como reflexión moral, sino como advertencia. El resultado fue una dictadura de más de seis décadas, ejecuciones sumarias documentadas (Tribunales Revolucionarios, 1959), campos de trabajo forzado (UMAP) y la anulación total de las libertades civiles. La amnistía no evitó la violencia: la institucionalizó.
Chávez lideró un golpe de Estado en 1992 contra un gobierno constitucional. Fue indultado en 1994. No mostró arrepentimiento alguno. Al contrario, convirtió el golpe fallido en capital político.
Ya en el poder, desmontó la separación de poderes, militarizó la política y sentó las bases de una cleptocracia autoritaria. El informe de la OEA y los datos de ACNUR son concluyentes: más de siete millones de venezolanos forzados al exilio. La amnistía que debía cerrar una herida abrió una tragedia continental.
Lula no protagonizó una insurrección armada, pero su caso demuestra otro tipo de erosión: la moral. Condenado en primera y segunda instancia por corrupción y lavado de dinero (caso Lava Jato), su retorno político fue posible no por absolución de inocencia, sino por nulidades procesales.
El mensaje fue devastador: el delito puede no pagar si se administra políticamente. Transparencia Internacional documentó el daño estructural que la corrupción sistémica infligió a Brasil. La amnistía jurídica —disfrazada de tecnicismo— debilitó la confianza pública y legitimó la impunidad.
Petro fue miembro del M-19, grupo responsable de secuestros, asesinatos y del asalto al Palacio de Justicia en 1985, que dejó más de cien muertos. La amnistía otorgada al grupo buscó integrar a la insurgencia a la vida civil.
El problema no fue el perdón, sino la ausencia de una exigencia ética clara. Hoy, Petro relativiza la violencia política y gobierna desde una narrativa de confrontación permanente. Como advirtió Hannah Arendt, «cuando se borra la línea entre el bien y el mal, la política degenera en cinismo».
La historia es implacable: quien juega con la vida humana, quien viola la ley moral y política, no puede ser perdonado sin condiciones estrictas. El perdón sin arrepentimiento es complicidad.
La amnistía mal concedida erosiona la justicia, mata la memoria histórica y envenena el futuro. No redime: habilita al depredador. No sana: prolonga el daño.
Creer en el perdón exige creer también en la responsabilidad. Toda amnistía debería implicar control, supervisión, límites y un compromiso ético verificable. Cuando nada se exige, todo se pierde.
América Latina no fue víctima del azar, sino de decisiones mal tomadas. La indulgencia con estos cuatro personajes no fue un acto humanista: fue una renuncia cobarde a la justicia. Y la historia —esa maestra severa— ya ha emitido su veredicto.