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Por Carlos Carballido
Texas.- Si usted, como residente o ciudadano americano, ha iniciado un proceso migratorio legal —sea cual sea— y ve que las demoras son interminables, no culpe a Donald Trump. Culpe a Joe Biden por su política de fronteras abiertas.
Datos del Centro de Estudios Migratorios revelaron que, debido a la entrada masiva de inmigrantes ilegales bajo la era Biden, los procesos migratorios en general requieren al menos ocho años y medio de espera. Esta espera se debe al alto volumen de procesamiento fiscal y administrativo que enfrenta el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security).
Esta larga espera ocurre a pesar de que la administración Trump ha iniciado un proceso acelerado —casi expedito— tanto de deportaciones como de cortes de inmigración. Esto se realiza para reducir los tiempos. Aun con esas gestiones, el plazo promedio de ocho años no podrá reducirse, según datos del CIS.
Desde que Trump asumió en enero de este año, se ha reducido el atraso en los tribunales de inmigración en 326,000 casos. Esto fortalece la credibilidad del sistema migratorio estadounidense. Sin embargo, son demasiados procesos en una especie de caos administrativo heredado de Biden.
El atraso llegó a cerca de cuatro millones de casos a fines de 2024. Este número es nueve veces más que una década antes. Es el resultado de las políticas migratorias laxas del binomio Biden–Kamala.
Un informe de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) indicó que, en solo seis meses, la acumulación de casos en tribunales bajó de 4.1 a 3.8 millones. Los nuevos casos presentados por el DHS cayeron drásticamente. Las finalizaciones de casos se mantuvieron cerca de 66,800 al mes.
Por primera vez desde 2008, los jueces resuelven más casos de los que reciben. En junio, la relación fue de 2.25 casos finalizados por cada nuevo recibido.
La política migratoria de Donald Trump está teniendo éxito porque, sencillamente, se está aplicando la ley. Esto es un hecho, aunque usted diga lo contrario.
Sin embargo, ni la prensa financiada por Soros -la gran mayoría- ni un público prácticamente enajenado por emociones fabricadas entienden el daño extendido de una frontera abierta. Los políticos que hacen campañas electorales prometiendo protección para quienes rompieron la ley son los otros que bien bailan.
Personajes nefastos como María Elvira Salazar dan la vida por los I-220A. Pero se olvidan olímpicamente de sus electores que, apegados a la ley, deben ahora ver más lejanas sus esperanzas de reunificarse con sus seres queridos.
Estos ochos años y medio que tendrán que esperar no son culpa de Trump. Y eso, alguien debe escupírselo en la cara a la “Taconera de Miami.”