El optimismo burocrático: la norma que legaliza lo que ya existía y el ministro que la vende como revolución

Por Manuel Viera ()

La Habana.- El ministro de Economía de Cuba, Joaquín Alonso Vázquez, hizo ayer en la Mesa Redonda una revelación que, según su tono, pretendía ser un parteaguas para la economía nacional. La citamos textualmente: «Por ejemplo, a partir de hoy el extranjero que quiera una cerveza y esta cueste, supongamos, 120 pesos y solo tenga dólares, ahora se podrá tomar la cerveza. Podrá pagar al dueño del restaurante con los dólares y luego el dueño del restaurante podrá ir al banco a cambiar ese dólar». Fin de la cita.

Ante semejante anuncio, uno no sabe si reír o llorar. En serio, ¿el máximo responsable económico del país cree que, hasta ayer, el turista se quedaba con la sed porque no podía pagar una cerveza? ¿De verdad presenta como una innovación histórica el hecho de que un negocio privado pueda aceptar dólares?

La realidad, que el ministro parece ignorar o fingir que ignora, es que esto lleva años sucediendo. La única diferencia es que hasta ahora ocurría «tras el manto de la ilegalidad», como él mismo reconoció en diciembre pasado refiriéndose a la dolarización espontánea. Su norma no crea nada; simplemente legaliza, con mucho retraso, una práctica cotidiana que el Estado era incapaz de evitar.

El verdadero salto de fe no está en la norma, sino en el optimismo casi místico del ministro. ¿De verdad cree que, por el simple hecho de escribirla en una gaceta oficial, el dueño del restaurante o el propio turista acudirán corriendo al banco a cambiar sus dólares a una tasa oficial fija y poco realista? ¿Cree que el mercado cambiario informal, que respira a la velocidad de la necesidad, va a evaporarse por decreto? La norma no resuelve el problema de fondo: la insostenible dualidad entre un tipo de cambio oficial rígido y una tasa en la calle que dicta la verdadera valoración de la moneda.

El reconocimiento tardío del fracaso

La lógica ministerial genera más dudas que certezas. Por ejemplo: ¿podrá el restaurante dar el vuelto en dólares, o tendrá que hacerlo en pesos convertibles inexistentes, o quizás –en la más pura tradición nacional– en caramelos, privilegio que hasta ahora ha sido facultad casi exclusiva del Estado?

La pregunta fundamental es: ¿qué le hace pensar al señor ministro que esta norma, una más en un vasto cementerio legislativo, tendrá algún impacto real? Acaso no vivimos ya en un país con una Ley de Soberanía Alimentaria donde los alimentos escasean; con leyes para fomentar la pesca y la ganadería donde los peces, las vacas y los cerdos son especies en vías de extinción; y con una Ley de Seguridad Vial cuyos principales sujetos son los baches que devoran los autos y los semáforos apagados?

Venga, ministro. Pies sobre la tierra. La gente no necesita más normas que describan una realidad ficticia. Necesita que el Estado reconozca, de una vez, la realidad que palpita en la calle y deje de gobernar a base de ficciones legales. Lo que anunció ayer no es una solución. Es, en el mejor de los casos, el reconocimiento tardío de un fracaso.