El derecho de tener

Por Luis Alberto Ramirez ()

Miami.- Por mucho que el régimen de La Habana insista en atraer empresas extranjeras para invertir en Cuba, la realidad económica y jurídica del país hace imposible que ese objetivo prospere. No es un problema de voluntad política ni de discursos elaborados en ferias comerciales; es un asunto de reglas básicas, aquellas que cualquier inversionista serio evalúa antes de arriesgar capital en un país.

El gobierno cubano pretende atraer capital extranjero sin renunciar a su rígido control estatal. Quiere inversión, pero no competencia; quiere empresas, pero sin permitirles autonomía; quiere flujo de capital, pero manteniendo estructuras económicas que son la antítesis del mercado. Esa contradicción de origen hace que cualquier intento de apertura sea simplemente cosmético.

Ningún empresario medianamente informado va a comprometer su dinero en un país donde la propiedad privada sobre la tierra no existe. El usufructo, esa figura jurídica que el régimen vende como concesión generosa, no es más que un alquiler disfrazado, sujeto a la voluntad del Estado, revocable, condicionado, y sin garantías a largo plazo. ¿Cómo se convence a un inversionista de construir, sembrar, producir o edificar sobre tierras que nunca serán suyas? La respuesta es simple: no se convence.

El Estado cubano no puede garantizar la seguridad del dinero depositado en sus propios bancos. El historial de congelación de cuentas, restricciones de transferencias, dualidad monetaria, y cambios arbitrarios de política financiera son elementos que ahuyentan a cualquier capital serio. ¿Quién va a depositar dinero en un sistema donde la palabra “respaldo” no existe?

El gobierno siempre contra los cubanos

En la pasada Feria Internacional de La Habana, el primer ministro Manuel Marrero aseguró que “las reglas van a cambiar”. Sin embargo, acto seguido insistió en otorgar tierras en usufructo a empresas y personas extranjeras con residencia permanente en Cuba. Es decir, más de lo mismo.

Pero lo más revelador no fue lo que dijo, sino lo que calló: Los cubanos, ni siquiera si ganan la lotería en tres países distintos, no tienen derecho a acceder a esas mismas tierras.

Cuba es hoy el único país del mundo, si se excluye al hermético Corea del Norte, en el que los extranjeros tienen más derechos económicos que sus propios ciudadanos. Los nativos no pueden invertir, no pueden ser propietarios de grandes emprendimientos, no pueden acceder a concesiones estatales… pero un forastero sí. Es una desigualdad grotesca, una humillación institucionalizada. ¿Quién invertirá en un país que se niega a respetarse a sí mismo?

Cualquier inversionista que estudie mínimamente la situación comprenderá que Cuba no ofrece garantías, ni estabilidad, ni reglas de juego claras. Un país cuyo gobierno excluye deliberadamente a sus ciudadanos del panorama económico nacional, para privilegiar a extranjeros, no ofrece seguridad jurídica ni credibilidad. Y un gobierno que actúa así, que desconoce el derecho elemental de su propio pueblo a prosperar, pierde toda legitimidad moral para seguir existiendo.