El Caso que Falta: ¿por qué una operación tipo Venezuela en Cuba no es inminente?

Por Eduardo Díaz Delgado ()

Madrid.- Existe un optimismo considerable en algunos sectores con la idea de que Estados Unidos pueda replicar en Cuba una operación similar a la ejecutada en Venezuela. Se observa un gobierno cubano frágil, con sus fuerzas no solo desgastadas sino en un estado de debilidad operativa ridículo, y se piensa que sería una presa fácil, permitiendo «matar dos pájaros de un tiro». Aunque esta percepción contiene parte de verdad, un análisis realista exige mayor precisión.

Posibilidades existen, sí, pero ninguna bajará en paracaídas por inercia. Para que ocurra, deben suceder antes otras cosas. Esta expectativa, más allá de su realismo, revela una de las peores deformaciones que arrastramos los cubanos: la costumbre ancestral de esperar que los cambios nos caigan del cielo.

La caída de Maduro no fue un capricho repentino. Ha sido un objetivo estratégico estadounidense durante más de una década, y no por romanticismo democrático. El núcleo del asunto es el petróleo, pero no para apropiarse de barriles, sino para impedir que China lo obtenga con descuentos estratégicos y que Rusia use el control de la producción para sostener precios y financiar su guerra.

Venezuela es, ante todo, un tema geopolítico de alto impacto. A esto se suma la hostilidad declarada del chavismo hacia Estados Unidos desde el esplendor de la revolución bolivariana, su financiamiento a campañas de gobiernos izquierdistas hostiles en la región y su rol como exportador de migración hacia territorio norteamericano.

Cuba es diferente

Con Cuba, la comparación suele ser errónea. No es por falta de recursos estratégicos (hoy posee, como el níquel y cobalto, activos más cruciales que en 1898), sino por una razón distinta: para que Estados Unidos actúe de manera decisiva, no bastan sanciones ni hostilidad política. Hace falta un «caso». Un delito grave, probado, con peso legal dentro de su propio sistema.

En Venezuela, ese caso se construyó durante años mediante declaraciones de testigos protegidos, recompensas e imputaciones formales vinculadas al narcotráerrorismo. No fue improvisado. El sistema estadounidense no permite que un presidente actúe a voluntad; el Congreso está para impedirlo. Siempre hay que «armar la película», y bien armada.

Incluso así, lo ocurrido en Venezuela fue quirúrgico: cero o muy pocas bajas civiles, ataques localizados, una operación de extracción más que un conflicto armado. Cualquier escaramuza prolongada habría tenido consecuencias políticas devastadoras para cualquier presidente estadounidense. El miedo del aparato venezolano, al verse superado tecnológicamente, evitó la escalada.

Hoy, con Cuba, no existe ese expediente. Y no se malinterprete: Cuba tiene como peor enemigo su propio currículum. Ha sido una incubadora histórica de conflictos para Estados Unidos. Pero eso, por sí solo, no es suficiente para justificar una acción directa ante la opinión pública y el Congreso norteamericanos.

El costo político de hacerlo sin un «caso» sólido sería inasumible, aunque los cubanos celebraran la mayor fiesta de su historia. Haría falta un catalizador. En 2021, tras las protestas del 11 de julio y la represión visible, el argumento humanitario habría tenido recorrido. Pero ese momento pasó. Hoy, aunque todo esté peor, la sociedad está más quieta.

Maduro

¿De dónde podría surgir esa razón legal? Precisamente, de Maduro. El caso en su contra se ha reformulado con nuevos testigos, incluso del entorno del narcotráfico internacional. La presión es real. Y cuando la presión es real, la gente canta por supervivencia. La posibilidad radica en que, de lo que declare Maduro, se derive un caso contra la cúpula cubana por esquemas de narcoterrorismo, inteligencia o acciones dirigidas a dañar intereses estadounidenses.

No sería la primera vez. Lo importante es poner nombres concretos en la mira. Esa presión pura ya se está ejerciendo, sobre todo en el plano psicológico.

A partir de ahí, se vislumbran tres escenarios:

El malo: No se logre construir un caso sólido y todo se quede en presión externa, mientras se espera (en vano) que los cubanos, por sí solos, hagan algo. Este escenario refuerza la pasividad, una deformación profunda tras décadas de adoctrinamiento.

El regular: La presión ahogue al gobierno lo suficiente para forzarlo a flexibilizaciones cosméticas y aperturas controladas que beneficien a una pequeña élite. La economía, que no es productiva sino de rescate (vive de remesas y parches), experimentaría un alivio mediocre sin cambiar el modelo. Porque la independencia económica real nunca ha sido interés del régimen.

El bueno (y menos probable sin acción interna): Que la presión externa, combinada con un caso real, catalice la pérdida masiva del miedo. Que la gente entienda que, ante una represión violenta masiva, existiría una capacidad de respuesta externa a minutos de cualquier punto del país. Esa percepción de protección es clave. Podría generar protestas masivas y pacíficas de una escala tal que obligaran al aparato militar a elegir bando. El único cambio real posible pasa por ahí: por un momento en que quienes sostienen las armas dejen de reprimir y se pasen al lado del pueblo.

La necesidad de la chispa interna

No hay atajos. Sin ruptura del miedo y participación popular decisiva, no hay cambio sostenible. Da igual quién entre o quién salga. Siempre habrá mecanismos de control y el pueblo seguirá sin verdadero voto. Ese voto —esa capacidad de decidir— es lo que se necesita para tener un país de nuevo.

Por eso no es buena idea alimentar falsas expectativas. El cambio en Cuba no va a caer del cielo. Esperar que otros lo hagan no solo lo retrasa, sino que refuerza el mismo paradigma de dependencia y pasividad que ha mantenido atrapada a la nación durante décadas. La lección es clara: sin una chispa interna que aproveche el contexto externo, la ecuación permanecerá incompleta.