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Por Max Astudillo ()
La Habana.- Quienes alzan la voz en las redes para criticar la política de máxima presión de Trump contra la dictadura cubana conforman un coro engañoso. No representan al pueblo, sino a una minoría absoluta y privilegiada, cuyo estatus depende de la perpetuación del régimen.
Hablamos de la nomenclatura militar de alta graduación y sus familias, enquistadas en el poder; de los administradores del turismo estatal que roban desde sus posiciones y temen perder sus prebendas; de los socios comerciales extranjeros y nacionales que negocian al amparo de la maquinaria represiva. Su oposición no es ideológica, es económica: defienden su tajada del botín.
A ese grupo se suman, por supuesto, los cuerpos represivos. Los agentes de la Seguridad del Estado y sus colaboradores, cagados de miedo de que su verdad se descubra: la verdad de las torturas, los actos de repudio, las cárceles clandestinas y el control totalitario sobre una nación.
Su rechazo a cualquier presión externa es el puro instinto de supervivencia del verdugo que teme a la justicia. Junto a ellos, una capa de periodistas y «intelectuales» oficialistas, que defienden a ultranza al régimen a cambio de una conexión a internet privilegiada, una vivienda o simplemente el derecho a existir sin ser encarcelados.
Completan este círculo los que, desde dentro de la isla, reciben remesas doradas o divisas de algún proyecto internacional. Viven en una burbuja de relativa comodidad: tienen garantizada la comida, la bebida y, a veces, hasta el aire acondicionado.
Para ellos, el «estrés» de las sanciones es una mera incomodidad logística, un fastidio que interrumpe su acceso a productos de lujo. Desde su miopía privilegiada, claman por un «diálogo» y un «fin del bloqueo» que, en realidad, significaría la salvaguarda de su estatus diferencial en un mar de miseria.
Pero hay otra Cuba, mayoritaria y silenciada porque su voz no tiene megáfono. Es la Cuba del que hace cola 12 horas por un pollo, del que ve morir a un familiar por falta de un antibiótico básico, del que camina kilómetros porque no hay transporte, del que se alumbra con velas en pleno siglo XXI.
Esa Cuba, la que se está muriendo de hambre y de desesperación, no llora por el fin de las sanciones de Trump. Esa Cuba respalda el apretón.
Porque ese cubano de a pie, el que suda en el campo o inventa en el mercado negro, tiene una lucidez brutal: comprende que la miseria actual no la creó Trump. La creó, y la sostiene diariamente, la dictadura.
Durante 60 años, el régimen ha tenido todos los recursos, todo el poder y todo el control para construir una nación próspera. Y no lo ha hecho. En su lugar, ha edificado un sistema de control perfecto sobre la escasez.
La electricidad que falta, los carros fúnebres que no llegan, los féretros de cartón, las farmacias vacías y la comida que es un sueño, no son consecuencia de las sanciones; son la esencia del modelo. Son el instrumento de sumisión.
La política de máxima presión, por dura que sea, tiene un objetivo claro para ese pueblo: negarle oxígeno financiero a la maquinaria que lo oprime. Es un cálculo doloroso, pero lógico. ¿De qué sirve un «deshielo» que inunde de divisas a los generales y a sus socios, si ese dinero nunca se traduce en luz para el pueblo, en medicinas para el hospital o en harina para la bodega?
La historia reciente lo demuestra: las aperturas anteriores sólo engordaron a la élite y a su capitalismo militar, mientras la libreta de racionamiento seguía vacía. El respaldo al «apretón» no es masoquismo; es la amarga convicción de que, a veces, para sanar una herida infectada, hay que cortar profundo. Es la última esperanza de un pueblo que ya no le cree a sus gobernantes, sino a la evidencia de sus propios ojos vacíos y sus estómagos huecos.