Denuncian a coronel del Minint por enriquecimiento ilícito, abuso de poder e impunidad

(Tomado de La Tijera)

El medio independiente Nio Reportando un Crimen hizo pública una grave denuncia contra el coronel del Ministerio del Interior (MININT) Juan Carlos González Mederos, de 61 años, quien se desempeñó como jefe de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el municipio San Miguel del Padrón, territorio señalado por múltiples fuentes como uno de los históricamente más corruptos de la capital cubana.

De acuerdo con la información divulgada, el alto oficial estaría vinculado a diversos negocios ilegales. Entre ellos, se destaca la presunta propiedad y control de varias mesas de venta en el reparto La Cuevita, un enclave donde —según reiteradas denuncias— la delincuencia y la corrupción operarían con total impunidad, amparadas por estructuras del poder local.

Patrimonio incompatible con ingresos oficiales

Las acusaciones señalan que, como resultado de estos y otros presuntos negocios ilícitos, el coronel posee un vehículo Jeep Willys valorado en más de 50 000 dólares, una cifra imposible de justificar con los ingresos oficiales de un funcionario del régimen cubano.

Según los denunciantes, el automóvil no aparece registrado a nombre del coronel, sino a nombre de su hermano, Eduardo Roberto González, lo que genera sospechas del uso de testaferros para ocultar bienes adquiridos ilegalmente.

El Jeep Willys sería utilizado para rutas turísticas privadas, actividad que opera directamente su hermano, manteniendo el vehículo en óptimas condiciones y con comodidades propias de un servicio turístico, absolutamente incompatibles con los salarios estatales declarados.

Asimismo, se reporta que en dicho vehículo fueron halladas varias cajas de botellas de ron Havana Club de 3, 5 y 7 años, lo que ha generado señalamientos por actividad económica ilícita, acaparamiento y especulación: prácticas severamente penalizadas para el ciudadano común, pero aparentemente toleradas cuando involucran a altos mandos del MININT.

Denuncias por abuso de poder y maltrato laboral

Tras su traslado al municipio Playa, las fuentes aseguran que las bajas del personal no han cesado como resultado de una gestión marcada por el autoritarismo, el maltrato verbal y las amenazas constantes contra sus subordinados.

Testimonios coincidentes describen al coronel González Mederos como una figura que utiliza lenguaje obsceno y desafiante, amenazando con encarcelar a quienes no cumplan sus órdenes, escudándose en su grado y jerarquía para intimidar y reprimir.

Además, se le acusa de:

• No garantizar recursos ni las condiciones mínimas de trabajo.
• Retener bajas médicas y jubilaciones, presuntamente en complicidad con el jefe de Cuadro, al «engavetar» expedientes para evitar rendir cuentas ante instancias superiores.

Entorno familiar bajo sospecha

Las denuncias también alcanzan a su entorno personal. Se indica que su esposa, Grethel Nápoles Silva, de 33 años y exoficial en el municipio La Lisa, solicitó la baja y actualmente vive como ama de casa, disfrutando —según los denunciantes— de un nivel de vida privilegiado incompatible con cualquier salario estatal, lo que ha generado indignación entre trabajadores y ciudadanos.

Un patrón que se repite

De confirmarse estos señalamientos, el caso del coronel Juan Carlos González Mederos retrataría con crudeza el modelo de impunidad, corrupción y abuso que parece sostener al régimen: un Estado donde los represores viven en el lujo, mientras el pueblo carece de derechos, salarios dignos y acceso real a la justicia.