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Por Jorge Menéndez ()
Cabrils.- Mientras el pueblo cubano enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes, el gobierno parece más ocupado en redactar leyes que le permitan despojar de la ciudadanía a quienes considera incómodos, que en atender las necesidades básicas de su gente.
El nuevo proyecto sobre extranjería no es más que otro intento de blindar el poder, criminalizar la disidencia y justificar la represión con tinta legal.
Las casas se derrumban, los hospitales carecen de insumos, y los apagones son parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, el gobierno sigue construyendo hoteles que permanecen vacíos, como monumentos al absurdo. Morir en Cuba es gratis, pero vivir con dignidad parece un lujo inalcanzable.
Los recorridos oficiales, las promesas vacías y la “muela” institucionalizada no resuelven nada. La represión ante las protestas por hambre, miseria y abandono se intensifica, ahora con el respaldo de leyes diseñadas para silenciar al pueblo.
El apartheid económico y social es evidente: los cubanos no participan del desarrollo, no acceden a lo que producen, y son tratados como obstáculos en lugar de ciudadanos. El desprecio de los “enchufados” hacia el pueblo se refleja en cada apagón, en cada falta de agua, gas o medicina, y en cada ley absurda que se aprueba.
La economía está en ruinas, la esperanza se desvanece, y el gobierno cierra el círculo con una legalidad que no protege, sino que castiga. Cuba no necesita más leyes para reprimir: necesita justicia, pan, luz, y respeto.