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Por Pedro Monreal (El Estado como tal)
La Habana.- La crisis estructural que enfrenta Cuba, agravada por el «desabastecimiento agudo de combustibles», ha puesto en evidencia las debilidades de una política de empleo que combina el excesivo peso del sector estatal presupuestado con una negligencia sistemática hacia las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) privadas.
Excepto en La Habana, el resto de los territorios del país mantienen más trabajadores en unidades presupuestadas que en empresas estatales. Este desbalance limita considerablemente la capacidad de relocalizar productivamente el empleo excedente, un tema que rara vez ocupa espacio en los análisis oficiales sobre la situación económica.
La errónea secuencia del proceso de «ordenamiento» monetario pospuso la legalización de las MIPYMES privadas justo cuando más se necesitaban. Esta demora impidió que existiera una oferta capaz de responder al aumento de la demanda agregada nominal en pesos cubanos registrado en 2021, asociado a una devaluación del 2.300 por ciento que terminó por desajustar por completo las referencias de precios y salarios.
El establecimiento tardío de las MIPYMES privadas tuvo una breve fase inicial de dinamismo, pero su crecimiento se ha estancado desde la segunda mitad de 2024. Es dudoso que alguna vez existiera una auténtica «luna de miel» entre el Estado y el sector privado, pero la languidez que muestran en los últimos tiempos resulta innegable.
Las cifras oficiales resultan elocuentes: el empleo en MIPYMES apenas representaba un 4,5 por ciento del total del sector no estatal en 2024, una proporción ínfima si se compara con el 65 por ciento que aún concentra el Trabajo por Cuenta Propia (TCP). Mantener a dos tercios de los trabajadores no estatales en el segmento del TCP relega al sector privado a funcionar como un apéndice de bajísima productividad de la economía estatal, con encadenamientos productivos de pobre calidad y escaso valor agregado.
Todavía no se dispone de información actualizada sobre la dinámica de las MIPYMES en el marco de la actual «contingencia» energética. El peor escenario futuro, advierten analistas, sería dejarlas en manos del anodino Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales (INAENE), una institución que hasta ahora no ha demostrado capacidad para impulsar un sector que debería ser clave en cualquier estrategia de reactivación económica.