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CUBA, DONDE NADIE TIENE ARGUMENTOS
Por Pedro Monreal (El Estado como tal)
Comentarios sobre algunos temas de la Mesa Redonda de hace dos días con tres ministros: Economía y Planificación, Finanzas y Precios, y Trabajo y Seguridad Social que tuvieron como elemento común la aprensión respecto a lo no estatal.
La Habana.- Es risible el argumento de Economía y Planificación de que no hay pugna oficial con lo privado porque eso equivaldría a una “cruzada” contra documentos programáticos del “modelo económico”, cuando es visible que tales documentos poco tienen que ver con la gestión oficial actual.
¿De qué manera, exactamente, la gestión real del Ministerio de Planificación encaja en un “modelo económico” en el que, según sus “documentos programáticos”, el trabajo es la “vía fundamental de satisfacción de las necesidades materiales y espirituales”?
Los “documentos programáticos” incluyen el peso cubano como “moneda única”, una tasa de cambio “económicamente fundamentada”, la “estabilidad del poder adquisitivo de la moneda” y “un adecuado equilibrio financiero” ¿Es acaso responsabilidad privada la “cruzada” contra todo eso?
Si de veras desea acoplarse mejor la empresa estatal con entidades no estatales y si oficialmente se asume que esa debe ser una función del “plan”, ¿qué sentido tiene inventarse una estructura burocrática adicional si ya existe un ministerio de Economía y Planificación?
Se dijo que es interés “del país” (?) mantener un nivel de, aproximadamente, 590 mil empleos a través del trabajo por cuenta propia (TCP), pero una reforma medianamente efectiva de la empresa estatal generaría miles de despidos que en parte deberían relocalizarse en el TCP.
Los ministerios de Trabajo y Finanzas adoptan un esquema enrevesado con los impuestos al TCP porque se basa en un enfoque doctrinal de propiedad sobre “medios”, cuando en el TCP es menos complicado escalonar las tasas tributarias por el nivel de ingresos y no por la propiedad de activos.
Hay dos prohibiciones enunciadas por el Ministerio de Trabajo cuya racionalidad es “política-ideológica” y no económica: el no establecimiento de contratos entre TCPs, y forzar actividades distintas cuando simultáneamente se ejerce como TCP y en MIPYMES.
El anuncio de que el nivel de facturación se convertirá en un criterio para forzar la conversión de TCP en MIPYME pudiera ser problemático en el caso de actividades de TCP de alto valor agregado en las que un emprendedor puede funcionar sin necesidad de ser persona jurídica.
Adoptar el nivel de facturación para impedir el ejercicio del TCP a quienes sobrepasen cierta cifra pudiera representar una reducción del margen de decisión que debe existir en el proceso de funcionamiento de los emprendedores.
Son razonables las normas que pudieran reducir la subdeclaración tributaria, así como revisiones para aumentar aportes al presupuesto, pero siendo un 15 por ciento del total de ingresos presupuestarios, el sector no estatal es un componente secundario de la estabilización macroeconómica.
Concentrarse demasiado en acciones de política fiscal para el sector no estatal pudiera ser “dispararles cañonazos a los gorriones”. Son acciones razonables mientras se mantenga la perspectiva de que la prioridad debería ser la gestión de las cuentas públicas.
