Cuando el Estado abandona y castiga

Por Sergio Barbán Cardero ()

MIami.- En Cuba, pensar en voz alta vuelve a ser un delito.

La fiscalía provincial de Holguín mantiene bajo prisión provisional a los jóvenes Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayaz Pérez, creadores de contenido vinculados al espacio digital independiente El4tico, acusados de “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir”. Dos figuras jurídicas tan vagas como funcionales cuando el objetivo no es impartir justicia, sino silenciar.

No se presentan pruebas de violencia, ni llamados al delito, ni daños reales a terceros. Solo opiniones, análisis, incomodidad. Lo que se castiga no es una acción: se castiga la palabra. En el sistema cubano, disentir equivale a delinquir porque el poder no admite testigos de su fracaso.

Este caso no puede leerse de manera aislada. Ocurre en un momento en que el propio régimen, incapaz de gobernar y de asumir la responsabilidad que se arrogó al dirigir el país, ha optado por retirarse de sus obligaciones básicas. El abastecimiento, la alimentación y la supervivencia han sido desplazados hacia los municipios y, en última instancia, hacia los ciudadanos. Lo llaman autonomía; en realidad es abandono.

Criminalizar la conciencia y la palabra

Sembrar alimentos en balcones, criar peces en piscinas improvisadas, sobrevivir como se pueda. Eso no es descentralización ni empoderamiento comunitario; es «economía de guerra», el viejo recurso del poder para eludir su deber fundamental. El Estado renuncia a garantizar la vida, pero no renuncia a reprimir.

Y ahí está la contradicción central. Un gobierno que no gobierna, que no alimenta, que no protege, pero que sí sabe vigilar, acusar y encarcelar jóvenes por pensar diferente. La única eficiencia que conserva es la del castigo. La única lealtad que exige como virtud es la obediencia al Partido Comunista.

Por eso resulta cínico hablar de reformas, de comunidades autónomas o de participación social mientras se encarcela a quienes usan su voz para señalar la inacción, la incompetencia y el analfabetismo político de la dirigencia. No puede haber comunidad libre sin ciudadanos libres. No puede haber autonomía sin derechos. No puede haber futuro donde se criminaliza el pensamiento.

Cuando el Estado abandona sus funciones esenciales y, al mismo tiempo, persigue a quienes lo denuncian, pierde toda legitimidad. En ese punto, el reclamo de ayuda internacional deja de ser injerencia y pasa a ser legítima defensa humanitaria.

No hay orden constitucional que defender cuando se criminaliza la conciencia y el poder teme a la palabra.