¿Cómo un petrolero incautado destapó la red que financia al régimen cubano?

Por Eduardo Díaz Delgado (9

Madrid.- La incautación por parte de Estados Unidos del petrolero Skipper, frente a las costas de Venezuela, destapó algo más que un simple decomiso marítimo. Sacó a la luz una operación internacional diseñada para sostener financieramente al régimen cubano en medio de su crisis más profunda, cuando el país apenas puede garantizar electricidad, alimentos o transporte a su población.

El buque había zarpado el 4 de diciembre desde Venezuela con casi dos millones de barriles de crudo pesado, oficialmente con destino al puerto cubano de Matanzas. Sobre el papel, era otro envío “solidario”. En la práctica, fue una maniobra clásica del engranaje real que conecta a Caracas con La Habana.

Aunque gran parte del petróleo venezolano aparece asignado a Cuba, solo una fracción mínima llega realmente a la isla. En el caso del Skipper, apenas unos 50.000 barriles fueron transferidos a otro buque, el Neptune 6, que sí puso rumbo a Cuba. El resto del cargamento continuó su viaje hacia China, donde fue revendido.

Ese dinero, fuera de los circuitos transparentes y difícil de rastrear, se convierte en un salvavidas financiero clave para el régimen cubano. Sirve para conseguir divisas, sostener importaciones selectivas y mantener en pie su aparato de poder. Nada de eso se traduce en alivio para la población, que sigue padeciendo apagones masivos, escasez y deterioro constante de sus condiciones de vida.

La reventa en China del petróleo ‘cubano’

Este no es un intercambio humanitario, sino político. Desde los tiempos de Hugo Chávez, Venezuela ha enviado petróleo subsidiado a Cuba. A cambio, La Habana ha exportado miles de médicos y entrenadores deportivos, y cada vez más asesores de seguridad e inteligencia. Hoy, Nicolás Maduro depende crecientemente de escoltas y agentes cubanos para su protección personal y el control interno, en un contexto de presión creciente desde Washington y mayor inestabilidad regional.

En el centro de esta red aparece el nombre de Ramón Carretero, un empresario panameño convertido en intermediario clave del crudo venezolano. Sus empresas habrían manejado cerca de una cuarta parte del petróleo exportado por PDVSA este año, incluidos cargamentos asignados formalmente a Cuba.

Estados Unidos lo sancionó recientemente por facilitar envíos petroleros en nombre del régimen de Maduro, en una trama que ya había sido señalada por investigaciones periodísticas independientes.

La empresa estatal cubana Cubametales, sancionada por Estados Unidos desde 2019, ha incrementado de forma acelerada su participación en estas operaciones. En 2025 estaría manejando alrededor de 65.000 barriles diarios, un 29 % más que en 2024 y hasta siete veces más que en 2023.

Oficialmente, ese petróleo se destina a generar electricidad y combustible en la isla. En la práctica, una parte sustancial termina revendida en mercados asiáticos, especialmente en China.

Cuba enredada en todo

El momento más tenso ocurrió cuando el Skipper navegaba en aguas internacionales entre Granada y Trinidad. Agentes estadounidenses descendieron desde helicópteros, tomaron control del buque sin resistencia y anunciaron la incautación del cargamento, valorado en decenas de millones de dólares. El petrolero sería escoltado a un puerto estadounidense, probablemente Galveston, en Texas.

Para Washington, el golpe no apunta solo a debilitar a Maduro. Busca cortar el flujo de dinero que termina beneficiando a una red más amplia donde confluyen Cuba, Irán y Rusia, países sancionados que han aprendido a cooperar, compartir métodos de evasión y mantener abierto el grifo del negocio petrolero.

Irán repara refinerías venezolanas. Rusia aporta nafta para diluir el crudo. China compra petróleo sancionado. Cuba obtiene divisas sin rendir cuentas. No es una alianza ideológica, es un pacto de supervivencia.

Algunos expertos lo llaman “la OPEP de las sanciones”: países distintos, unidos no por principios, sino por la necesidad de mantenerse a flote mientras el costo real lo sigue pagando la gente común.