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Amnistía por hambre: Cuba prepara la liberación de más de cinco mil presos para aliviar su crisis carcelaria

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Por Jorge Sotero ()

La Habana.- La noticia, avanzada en exclusiva por el periodista cubano exiliado en España Carlos Cabrera, tiene la contundencia de los datos y la crudeza de la necesidad: Cuba prepara una amnistía que beneficiaría a más de cinco mil presos, incluidos los políticos encarcelados tras las protestas del 11 y 12 de julio de 2021.

Dos fuentes independientes del Ministerio del Interior han confirmado la medida, que obedece menos a un gesto humanitario que a una urgencia logística inaplazable: «Serán más de cinco mil porque no tenemos cómo alimentar a toda la población penal», admitió una de ellas, desnudando sin pudor la dimensión material de la decisión.

El anuncio, que según las fuentes estaba inicialmente previsto para el pasado 4 de febrero, se habría retrasado por las resistencias del sector inmovilista del castrismo, aún incómodo con el controvertido comunicado del gobierno del 2 de febrero, el primer guiño a la administración Trump tras la caída de Nicolás Maduro.

La amnistía se convertiría así en el tercer gesto de La Habana hacia Washington, después de aquella declaración y de la reciente comparecencia del jefe de la Dirección Antidrogas del Ministerio del Interior, reiterando la voluntad de cooperación bilateral. La secuencia no deja lugar a dudas: el régimen negocia, y los presos son moneda de cambio.

Las revelaciones y el motín de Canaletas

La revelación de Cabrera coincide, además, con un motín en la prisión avileña de Canaleta, donde los reclusos protestan por las malas condiciones alimentarias y donde se habrían registrado heridos y, según algunas fuentes no confirmadas, al menos un muerto.

El régimen, como es habitual, ha blindado la información: este jueves, las autoridades provinciales cortaron el tráfico rodado y de personas hacia el centro penitenciario. La imagen es perfecta: mientras se negocia una amnistía en los despachos, en las cárceles se sigue reprimiendo con el mismo método de siempre: el silencio y el aislamiento.

La medida de gracia, según las fuentes consultadas, excluye a figuras de alto perfil como el ex viceprimer ministro y titular de Economía Alejandro Gil Fernández, así como a condenados por delitos de sangre, tráfico de drogas, violaciones y abusos sexuales contra mujeres y menores.

Beneficiará, en cambio, a los condenados por delitos y sanciones menores, a los presos próximos a cumplir condena y a aquellos que, pese a cumplir los requisitos legales —haber agotado un tercio o más de su condena y mantener buena disciplina carcelaria—, nunca recibieron los beneficios penales previstos.

«A veces se olvida que somos un país agredido y no siempre podemos aplicar los beneficios penales que contemplan nuestras leyes», justificó una de las fuentes, en un alarde de cinismo que equipara la falta de recursos con la violación sistemática de derechos.

Asombrosos registos de población carcelaria

El contexto de inseguridad ciudadana en Cuba añade otra capa de complejidad al anuncio. Según un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) citado por Cabrera, los delitos aumentaron un 115,11% en 2025 respecto al año anterior, y un 336,58% frente a 2023, a partir de la verificación de hechos publicados en redes sociales y medios estatales e independientes.

José Manuel González Rubines, investigador principal del OCAC, advierte que las cifras constituyen «un subregistro», debido a la falta de estadísticas oficiales integrales y a la opacidad estatal. La población, mientras tanto, lamenta la escasa efectividad policial frente a la criminalidad común, en contraste con la rapidez mostrada ante las protestas ciudadanas y los conatos anticastristas.

Al cierre de 2024, Cuba era el segundo país del mundo con mayor población carcelaria, con 90.000 presos y una tasa de 794 reclusos por cada 100.000 habitantes, según datos de World Prison Brief (WPB). Incluso después de la amnistía, la isla mantendría una cifra cercana a las 80.000 personas privadas de libertad.

La medida, por tanto, no resuelve el problema estructural del sistema penitenciario cubano: lo alivia temporalmente, como quien vacía un cubo de agua con un vaso mientras la tubería sigue rota. Pero al menos, como escribió Cabrera, servirá para que el régimen pueda presentar un gesto de «independencia y buena voluntad» ante la comunidad internacional. Los presos, una vez más, son el precio de la supervivencia.

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