La descentralización como espejismo: cuando el poder municipal es una concesión sin sustento

Por Jorge Sotero ()

La Habana.- La reciente exhortación del presidente Miguel Díaz-Canel de otorgar mayores facultades a los territorios, incluso hasta el nivel municipal, incluyendo la posibilidad de exportar, se alza como un reconocimiento tardío y paradójico del fracaso de un modelo hipercentralizado.

Sin embargo, la proclama choca frontalmente con la realidad desolada de cientos de municipios cubanos. Hablar de que Cumanayagua o Ranchuelo exporten, cuando en estos la economía de subsistencia es la norma y el paisaje productivo ha sido sustituido por el marabú, no es una estrategia de desarrollo; es un ejercicio de abstracción burocrática desconectado de la tierra que pisa.

La referencia a municipios como Ranchuelo, otrora emporio azucarero con cuatro centrales y hoy territorio invadido por la maleza, no es anecdótica. Es el símbolo perfecto de la implosión económica gestionada desde la cúpula, muchas veces -o siempre- incapaz de solventarlo.

Durante décadas, la planificación centralizada no solo estranguló la iniciativa local, sino que desmanteló sistemáticamente las bases productivas del país, concentrando todas las decisiones —y todos los errores— en La Habana. Ahora, pretender que esos mismos municipios devastados, sin infraestructura, sin insumos y con una población exhausta, se conviertan en polos exportadores, raya en lo surreal.

¿Cambiar la mentalidad de quién?

El discurso oficial insiste en el «cambio de mentalidad» como solución mágica, pero elude el núcleo del problema: no se trata solo de que los delegados municipios piensen de forma más «emprendedora». Se trata de que el sistema político-económico, estructurado sobre pilares de control vertical y de asignación central de recursos, es incapaz de generar autonomía real.

Pedir descentralización económica sin tocar el monopolio político del Partido y la planificación central es como pedirle a alguien que nade con las manos atadas. La «luz de esperanza» que se pretende ofrecer es, en el mejor de los casos, un foco alimentado por un generador averiado.

Además, la propuesta incurre en una falacia reduccionista: creer que la prosperia nacional emergerá automáticamente de la suma de éxitos municipales aislados. Un sistema no es la mera adición de sus partes, sino el resultado de su interacción dentro de un marco institucional.

Mientras ese marco siga caracterizándose por la asfixia regulatoria, la dualidad monetaria, la ausencia de mercados mayoristas y la parálisis logística, cualquier facultad concedida a un municipio será un permiso para navegar en un mar sin agua.

La cúpula quiere eximirse

La verdadera cuestión, por tanto, no es qué puede exportar Cumanayagua. La cuestión es qué legitimidad tiene un gobierno, tras décadas de arruinar desde el centro la capacidad productiva local, para ahora exigirle a esas comunidades que resuelvan con «mentalidad innovadora» el desastre que él mismo ayudó a crear.

¿Qué confianza puede inspirar? ¿Con qué recursos, con qué crédito, con qué autonomía de verdad? La demanda de cambio se dirige a la base, eximiendo a la cúpula de su responsabilidad histórica en la debacle.

En definitiva, este llamado a empoderar los territorios tiene menos el aire de una política económica coherente y más el gesto desesperado de quien, habiendo ahogado toda iniciativa, pide ahora a los ahogados que remen.

Es la «patada del ahogado» institucional: un intento de agarrarse a cualquier narrativa de renovación cuando ya no quedan ni las cañas del antiguo central azucarero de donde asirse. Se promete un futuro descentralizado sobre la ruina centralizada, una esperanza que llega, quizás, varias hambres demasiado tarde.