Cuba: un muerto y 61 violaciones a los derechos humanos se reportaron en diciembre

Por Redacción Nacional

La Habana.- La radiografía de las cárceles cubanas en diciembre de 2025 vuelve a ser un retrato en blanco y negro de la miseria institucionalizada. Según el más reciente informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), una ONG con sede en México, en ese mes se registraron 61 violaciones a los derechos humanos y la muerte de un recluso bajo custodia del Estado. Números fríos que, detrás, esconden nombres, cuerpos deteriorados y un sistema penitenciario que funciona más como castigo político y social que como espacio de reinserción.

El informe identifica al menos a 48 personas privadas de libertad —siete mujeres y 41 hombres— como víctimas directas de estas violaciones. Entre los casos más graves destacan los de Yosvany Rosell García Caso y Leoncio Rodríguez Ponce, presos en cárceles de Holguín y Las Tunas, respectivamente, quienes acumularon la mayor cantidad de abusos en su contra. Ambos fueron trasladados de centros penitenciarios tras iniciar huelgas de hambre, una práctica recurrente entre reclusos que ya no encuentran otra vía para denunciar atropellos sistemáticos.

La situación alcanzó su punto más trágico con la muerte de Yaciel Antúnez Antúnez, recluido en la prisión territorial para enfermos de VIH, en Villa Clara. El CDPC atribuye su fallecimiento a la falta sostenida de medicamentos y a la ausencia de atención médica oportuna, un patrón que se repite en el sistema penitenciario cubano y que convierte la enfermedad en una condena adicional. Negar tratamiento, en este contexto, equivale a una sentencia silenciosa.

El documento también detalla violaciones en 30 categorías distintas, siendo las más recurrentes el hostigamiento y la represión, las malas condiciones de vida en prisión, la negación de atención médica, los problemas con la alimentación, las restricciones a la comunicación y el uso de celdas de castigo. Comida en mal estado, desnutrición, falta de agua, colchones inexistentes, plagas, brotes epidemiológicos y golpizas por parte de los guardias forman parte del paisaje habitual. A quienes se atreven a denunciar, les espera el castigo: aislamiento, traslados arbitrarios, vigilancia extrema y amenazas.

Las violaciones documentadas abarcan 33 cárceles y centros de detención en catorce provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud. El CDPC subraya que los grupos más afectados siguen siendo los presos políticos, los afrodescendientes y las personas con enfermedades crónicas, aclarando que una misma víctima puede acumular varias condiciones de vulnerabilidad. Aun así, la organización advierte que lo registrado es apenas un subregistro, debido a la opacidad sistemática del régimen cubano, que niega información oficial, impide el acceso de observadores independientes y criminaliza a quienes intentan documentar el infierno carcelario. En Cuba, incluso contar lo que pasa tras las rejas es considerado un delito.