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Por Luis Alberto Ramirez ()
Miami.- El régimen de La Habana sigue demostrando su incapacidad estructural para garantizar algo tan elemental como el acceso a medicamentos. Durante años ha inventado sistemas, controles, tarjetas, libretas, registros y hasta experimentos digitales para “ordenar” la venta de fármacos a la población. Ninguno ha funcionado. Y no porque la gente sea indisciplinada o porque existan “revendedores”, como repiten los voceros oficiales, sino porque simplemente no hay medicamentos en el país.
La escasez ha alcanzado un punto donde la población ha tenido que crear, al margen del Estado, sus propias redes de abastecimiento. Algunos viajan al extranjero y traen medicinas para sus familiares y vecinos. Otros dependen de envíos desde la diáspora. Y un tercer grupo obtiene medicamentos desviados de almacenes estatales, clínicas y hospitales, donde la falta de control, la corrupción y los salarios miserables hacen del robo una práctica inevitable en un sistema que no ofrece alternativas.
En medio de este escenario, al régimen le ha dado ahora por lanzar una nueva ofensiva contra la llamada “venta ilegal de medicamentos”. El resultado: el desabastecimiento total. Hoy no hay medicinas en las farmacias estatales, no hay en los hospitales y tampoco quedan en el mercado informal, el único espacio donde la gente podía resolver una aspirina, un antibiótico o un antihipertensivo para seguir con vida.
El propio gobierno ha logrado lo que parecía imposible: profundizar aún más la crisis. Es la versión más cruel y literal de la frase popular: “Peor el remedio que la enfermedad.”
El contraste entre los operativos policiales, la persecución de revendedores y la desesperación física de los enfermos crónicos es desgarrador. Mientras agentes realizan redadas en barrios pobres para confiscar blísteres de pastillas, miles de cubanos con diabetes, asma, hipertensión, cáncer o enfermedades autoinmunes quedan completamente abandonados. El Estado es incapaz de garantizar medicamentos básicos, pero es muy capaz de dedicar recursos, vehículos, combustible y personal armado para desarticular la única vía con la que la población podía sobrevivir.
A este desastre se suma la epidemia de arbovirus que golpea al país y que ha dejado numerosas muertes que el gobierno se niega a reconocer. Sin embargo, la evidencia está en todas partes: hospitales colapsados, salas abarrotadas, reportes independientes, denuncias en redes sociales y testimonios de médicos que prefieren el anonimato para no ser castigados. En medio de este brote, cortar el acceso informal a medicamentos es prácticamente una sentencia para los más vulnerables. El Estado no tiene cómo abastecer, pero tampoco permite que la gente se abastezca por su cuenta.
La ofensiva policial no resuelve absolutamente nada. Al contrario, agrava el sufrimiento humano y expone, una vez más, la naturaleza represiva de un sistema que prefiere controlar antes que solucionar, castigar antes que proteger, y perseguir a su propio pueblo antes que reconocer su fracaso. El desabastecimiento no es responsabilidad del mercado informal. Es consecuencia directa de un Estado quebrado, improductivo, represivo y desconectado de la realidad. Mientras el gobierno siga criminalizando la supervivencia, Cuba continuará atrapada entre la enfermedad, la escasez y la represión. Y los enfermos seguirán pagando con su vida la incompetencia de quienes dicen gobernar.