Medidas de Trump para revertir la inmigración son duras pero hay una realidad que las justifica

Por Carlos Carballido ()

Hace apenas unos días, el presidente Donald Trump anunció un amplio paquete de medidas destinadas a aplicar una política de deportación masiva (remigración es el término técnico que se usa para referirse al retorno forzoso o voluntario de inmigrantes a su país de origen), apoyándose en argumentos que pocos entienden a fondo, pero que tienen una lógica contundente en el contexto actual.

Todos sabemos que la administración Biden dejó las fronteras prácticamente abiertas, al punto que resulta imposible cuantificar con exactitud cuántos millones de personas ingresaron ilegalmente al país. Trump ahora sostiene que muchas de las políticas migratorias de su antecesor carecen de validez legal, porque el 92 % de las órdenes ejecutivas firmadas durante ese periodo se hicieron mediante el Autopen (un dispositivo de firma automática), sin la presencia ni la autorización personal del presidente, lo cual puede considerarse inconstitucional.

Desde el punto de vista legal, y si no prosperan las demandas en los tribunales, será muy difícil mantener programas como el Parole Humanitario, la extensión masiva del TPS o el otorgamiento indiscriminado de la forma I-220A. En materia migratoria, toda acción de gran alcance requiere la aprobación del Congreso conforme al Artículo I, Sección 8 de la Constitución.

Pero Trump también apela a una realidad demográfica y social inescapable: desde 1970, la población nacida fuera de EE.UU. ha crecido en más de 53 millones de personas y, de no mediar cambios drásticos, para 2030 o 2040 los descendientes de inmigrantes recientes podrían convertirse en mayoría electoral y demográfica. Este grupo, en su conjunto, muestra una mayor dependencia de los programas de asistencia social, lo que reduce los recursos disponibles para los estadounidenses de bajos ingresos, los ancianos y, muy especialmente, los veteranos de guerra.

El gasto público y los inmigrantes

Según datos del Cato Institute y del Center for Immigration Studies, el gasto público en asistencia social (public welfare) a nivel federal, estatal y local supera hoy los 1.8 billones de dólares anuales. Estudios recientes estiman que aproximadamente una cuarta parte de esos beneficios termina en hogares encabezados por inmigrantes (tanto naturalizados como no ciudadanos). Puede parecer una proporción baja, pero es creciente y ya está desplazando recursos que antes iban principalmente a ciudadanos nativos.

Hasta aquí los hechos demográficos y fiscales. Pero el verdadero detonante que Trump tiene en mente es mucho más inmediato y brutal: la Inteligencia Artificial.

La prestigiosa consultora Challenger, Gray & Christmas —que desde 1966 monitorea los despidos anunciados en Estados Unidos— reportó que solo en octubre de 2025 se anunciaron 153,074 recortes de empleo, la cifra más alta para cualquier octubre desde 2003. De ellos, más de 33,000 fueron en el sector tecnológico y la causa principal citada fue la adopción acelerada de Inteligencia Artificial. En total, durante los primeros diez meses de 2025 se han anunciado 1,099,500 despidos, un 65 % más que en el mismo periodo de 2024, y la IA aparece cada vez con más frecuencia como motivo directo o indirecto.

Estos despidos masivos no son culpa de Trump. Son la consecuencia inevitable del cambio tecnológico más rápido de la historia. Amazon, Microsoft, IBM, Meta, Verizon y decenas de empresas más están sustituyendo trabajadores de cuello blanco (programadores, analistas, atención al cliente, logística) por sistemas de IA a una velocidad nunca vista.

Beneficios a inmigrantes serán insostenibles

Conclusión: si esta tendencia continúa —y todo indica que se acelerará—, en los próximos cuatro años millones de estadounidenses (ojo… votantes de ambos partidos) quedarán sin empleo estable y dependerán de ayudas públicas. En ese escenario, mantener o ampliar los beneficios sociales a personas que entraron ilegalmente o que obtuvieron estatus migratorio de manera dudosa se vuelve políticamente insostenible y socialmente explosivo.

Aquí entra la lógica cruda de la supervivencia: cuando los recursos son limitados y la presión aumenta, ningún país puede permitirse repartir la misma cantidad de ayuda entre 330 millones de residentes legales y 15 o 20 millones de personas adicionales que llegaron sin pasar por los canales legales.

Si solo queda una lata de frijoles después de un cataclismo, es casi seguro que se la dará a su hijo y no al vecino. La política, en momentos de crisis, termina reduciéndose a esa ecuación elemental.

Estados Unidos tiene una ventaja: Trump lo sabe. Los magnates tecnológicos que lo apoyaron (Musk, Thiel, Sacks, etc.) lo saben mejor que nadie. Saben que el modelo demócrata de fronteras abiertas, expansión ilimitada del welfare state y transición energética a cualquier costo simplemente no es compatible con un mundo donde la IA elimina empleos a un ritmo de cientos de miles por año.

Es hora de entenderlo.

Es hora de preocuparse por esto de verdad, y no por si Otaola es chiva o si Ferrer será el próximo presidente de una isla que lleva décadas perdida en la desvergüenza.