La Habana.- Quienes invocan desde el Poder respeto a la legalidad en Cuba, solo exigen obediencia contra las injusticias, la continuidad de la renuncia sistemática por la ciudadanía de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales…de los que ha sido despojada por décadas; el abandono de todas las garantías que protegen al individuo en una sociedad democrática, regida por elevados principios éticos.
Cuando la prensa cómplice del castrismo ‘informa’ que se tramitan procesos penales contra ‘sujetos que alteran el orden publico’, ‘que desacatan a la autoridad’, en un contexto de crisis, lo que buscan es silenciar a esas personas que cívicamente tienen todo el derecho a protestar por lo que consideran que es injusto, por la suma torrencial de penurias que sufren sus familias y ellos, que sufre la gran mayoría del pueblo cubano, con la excepción de la élite que conforma el poder y de los grupos ligados a ella o favorecidos por sus medidas.
Ese drama contra el que protesta nuestra gente ha sido generado por el propio régimen que persigue silenciarla. Un drama resultado de la incapacidad administrativa, de la corrupción, de la ingobernabilidad, de todos los vicios que este régimen practica sobre el pueblo que pisotea mientras dice gobernarlo.
La protesta contra las autoridades políticas, gubernamentales, administrativas, es una de las garantías más universalmente reconocidas a la ciudadanía en la contemporaneidad global.
Hasta en las monarquías árabes tienen derecho los ciudadanos a la protesta cívica.
Ninguna norma legal puede reprimir ese derecho bajo el pretexto de proteger la legalidad, porque lo que da legitimidad a una norma de derecho, es que su contenido no sea contrario al interés colectivo, que armonice con él.
Lo contrario no será sino el empleo de las leyes para legitimar los crímenes de una dictadura, que es lo que pasa en Cuba.