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Por Sergio Barbán Cardero ()

En la mayoría de los países del mundo, las empresas de telecomunicaciones cobran en la moneda nacional. El precio del servicio refleja la economía local y el poder adquisitivo del ciudadano. Pero en Cuba, los servicios de ETECSA no responden al salario promedio nacional, sino que están orientados al mercado de quienes reciben remesas. Esto excluye a millones de ciudadanos y genera una desigualdad profunda.

Ante las recientes acusaciones del régimen cubano contra ciudadanos por supuesta “reventa fraudulenta” de servicios de telecomunicaciones, es necesario denunciar públicamente la hipocresía y el cinismo. La estructura estatal construyó durante décadas un sistema abusivo, excluyente y lucrativo. Ahora reprime a su propio pueblo por intentar sobrevivir dentro del mismo laberinto que ellos mismos crearon.

Desde sus inicios, el monopolio estatal de telecomunicaciones ETECSA ofreció sus servicios exclusivamente en divisas. En un país donde el salario promedio no cubre ni lo más básico, hablar por teléfono siempre fue un lujo. Activar una línea o acceder a internet estaba reservado a extranjeros y a quienes recibían remesas del exterior.

Recordemos lo que ha sido, en la práctica, un modelo institucionalizado de expolio:

Cuando un familiar enviaba $100 desde el extranjero, el banco estatal cubano descontaba una comisión bancaria. Luego, el gobierno aplicaba un gravamen del 10 % solo por tratarse de dólares (“la moneda del enemigo”). Finalmente, el destinatario recibía apenas $84. Con ese dinero debía pagar tarifas abusivas: un minuto de llamada podía costar $1.40, y ni siquiera existían los datos móviles. El servicio solo servía para llamadas y mensajes de texto.

El mismo Estado que hoy habla de “fraude” es el que durante años lucró sin escrúpulos. Lo hizo con la necesidad, el dolor y la separación de las familias.

Hoy, en medio de una profunda crisis económica y tecnológica, con servicios deficientes y bloqueos digitales, muchos ciudadanos han optado por recibir directamente los USD de las remesas. Luego los venden en el mercado informal para adquirir servicios en CUP y obtener mayor provecho.

Otros, simplemente revenden o intermedian con servicios adquiridos legalmente en las propias oficinas de ETECSA. Lo hacen por necesidad, por ingenio, por supervivencia. No estafan. No roban. Ni manipulan el sistema. Compran el servicio donde el Estado lo vende, y lo revenden de forma independiente.

Simplemente hacen lo que han aprendido del propio Estado cubano: negociar según las reglas impuestas.

Entonces, ¿de qué se queja ahora el régimen?

Si el pueblo ha aprendido a comerciar como el Estado, es porque el propio Estado le enseñó esa forma. El control absoluto y el abuso sistemático eran las únicas monedas válidas.

Acusar a estos ciudadanos de “fraude”, “actividad económica ilícita” o incluso de “atentado” (como se afirmó en el programa Hacemos Cuba) no es solo un exceso jurídico. También es una violación a la dignidad, al sentido común y al derecho elemental del pueblo a subsistir.

Esta es otra señal de desesperación de un sistema fracasado, que ha perdido el control moral y práctico de la sociedad. Ahora recurre al castigo en lugar de asumir su responsabilidad histórica.

Alcemos la voz para exigir:

-El cese inmediato de los procesos penales contra ciudadanos acusados por revender servicios comprados legalmente. Muchos de ellos, como se reconoció en el propio programa, cuentan con licencias de Agentes de Telecomunicaciones. Esta actividad fue otorgada por la propia empresa para vender servicios de ETECSA. Hoy enfrentan penas de entre 7 y 15 años de cárcel.

-Una auditoría pública del funcionamiento de ETECSA, de sus tarifas, y de su impacto real sobre la economía doméstica de los cubanos.

-La legalización de pequeñas actividades comerciales que no atentan contra la sociedad, sino que llenan los vacíos que el Estado ha dejado.

-El reconocimiento del derecho del pueblo a crear valor, intermediar, compartir y comerciar, como ocurre en cualquier nación mínimamente libre.

La comunidad internacional, los medios de comunicación, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil deben saber que en Cuba se reprime incluso la astucia de sobrevivir.

El régimen, que hoy acusa, sabe muy bien que está probando un poco de su propio purgante.

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