Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Por Carlos Carballido ()
Dallas.- La incautación del petrolero venezolano Skipper —calificada por Caracas como “piratería internacional”— ha generado una ola de versiones políticas y propagandísticas dirigidas a descalificar la acción del presidente Trump.
Sin embargo, los documentos, sanciones y antecedentes muestran un cuadro muy distinto al que promueve la prensa liberal y sus acólitos: la orden de captura no nació con Donald Trump, sino con Joe Biden, cuya administración colocó al buque en la lista negra del Departamento del Tesoro desde 2022, bajo sospechas de operar para redes ilícitas vinculadas a Irán y Hezbollah. ( wikipedia)
Lo ocurrido esta semana no fue un acto improvisado ni un gesto unilateral de fuerza. Fue la culminación de una operación que llevaba años preparándose —por razones legales, estratégicas e incluso de inteligencia interna.
El Skipper, conocido anteriormente como Adisa, fue capturado en aguas internacionales del Caribe, muy cerca de las costas venezolanas, durante un operativo conjunto de la Guardia Costera de EE. UU., el Departamento de Seguridad Nacional y el Pentágono.
Washington sostiene que el buque transportaba petróleo sancionado, parte de una red internacional utilizada para financiar estructuras bajo supervisión iraní.
El nombre del barco no es nuevo para las autoridades estadounidenses. En 2022, con Biden en la Casa Blanca, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo incluyó en su listado de buques sancionados ( smuggling ships) por violar leyes federales que regulan el comercio con países sometidos a restricciones internacionales. Ese mismo año, decenas de barcos vinculados al petróleo iraní, ruso y venezolano fueron agregados a la lista como parte de una política de presión global.
De acuerdo con los reportes oficiales de la OFAC, el Skipper fue sancionado por infringir:
-IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), que regula sanciones económicas y el comercio internacional bajo emergencia nacional.
-CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act), un cuerpo legal dirigido a frenar redes financieras asociadas a Irán, Rusia y Corea del Norte.
-Sanciones específicas contra PDVSA y el sector petrolero venezolano, vigentes desde 2019.
El patrón que describen los investigadores coincide con el de otras embarcaciones sancionadas: transporte de crudo iraní o venezolano usando empresas fantasmas, triangulación financiera y rutas diseñadas para ocultar el origen.
La industria marítima clandestina ha desarrollado un repertorio de métodos para burlar la vigilancia internacional.
Barcos clandestinos como el Skipper suelen apagar el sistema AIS, desapareciendo temporalmente del seguimiento satelital. Realizan cambios frecuentes de nombre para evitar ser detectados por bases de datos automáticas y aplican el “Flag hopping”, registrándose sucesivamente bajo banderas de conveniencia.
Estos navíos burlan la trayectoria y seguimiento del producto mediante transferencias de petróleo de barco a barco, en alta mar, para eliminar evidencia sobre el punto de carga a traves de documentación adulterada y empresas pantalla.
A esto se suma un factor técnico poco conocido: muchos de estos petroleros fueron construidos en series estandarizadas entre los años 2000 y 2010, lo cual facilita que una misma estructura pueda “renacer” con una nueva identidad en cuestión de días. Son buques gemelares, visualmente indistinguibles, lo que complica enormemente su seguimiento.
La captura del Skipper no inaugura una nueva doctrina ni mucho menos es un acto de piratería como los antiTrump cacarean.
Es la continuidad de una práctica que Estados Unidos y sus aliados han aplicado durante años:
-En 2023, EE. UU. incautó el petrolero Suez Rajan, que transportaba petróleo iraní.
-Entre 2020 y 2024, varios buques iraníes fueron confiscados por violar sanciones al programa nuclear.
-La Unión Europea añadió en 2024 más de 500 buques rusos a su lista negra por participar en la denominada “flota en la sombra” de Moscú y estan bajo asedio en la región.
La interdicción del Skipper sigue ese mismo patrón: sanción, rastreo, recaudación de inteligencia y, finalmente, captura.
La pregunta clave es por qué Estados Unidos logró incautar ahora un barco que llevaba tres años esquivando la vigilancia.
Las fuentes diplomáticas apuntan a dos factores: El incremento de tensiones con Maduro y la información de inteligencia entregada por funcionarios cercanos a Maduro, algunos cumpliendo sanciones en EEUU y algunos que reclaman la recompensa monetaria solicitada por el Departamento de Estado.
En las últimas semanas trascendió que dos altos funcionarios chavistas habrían suministrado datos sensibles a la Casa Blanca, incluyendo rutas, fechas, métodos de ocultamiento y movimientos financieros vinculados al Skipper.
Si esta filtración se confirma, explicaría la precisión quirúrgica con la que se ejecutó la operación.
La captura, entonces, no sería resultado de un golpe de suerte, sino de un quiebre interno dentro del círculo de Maduro.
Entre analistas de Washington circula una hipótesis que gana fuerza: el Skipper habría sido utilizado para generar liquidez inmediata destinada a un plan de contingencia de Maduro.
El régimen habría solicitado a EE. UU. la liberación de 200 millones de dólares retenidos como condición para una salida negociada. Si Trump no accedía, la dictadura necesitaba otras fuentes rápidas de financiamiento.
Bajo esa lectura, el viaje del Skipper no fue un simple contrabando: fue una maniobra para obtener recursos urgentes ante un posible colapso político o una negociación final.
La incautación del Skipper no es una acción aislada ni un acto de “piratería”, sino la ejecución de una sanción emitida en 2022 durante la administración Biden.
La operación revela fisuras internas en el chavismo, el agotamiento financiero del régimen y la continuidad de una política internacional que no comenzó con Trump, pero que él no dudó en aplicar.
Llamar a esto acto de piratería es totalmente irracional. La piratería es una acción de robo y saqueo contra buques en legalidad y bajo jurisdicción de las leyes de navegación internacionales . Cuando se trata de un buque fantasma que viola esos reglamentos y las sanciones aplicadas, entonces habrá que cambiar el término a acción totalmente lícita.
Maduro jugó una carta arriesgada para sostener su supervivencia política. Estados Unidos simplemente decidió que era el momento de subirle la parada. Y esto la prensa no te lo va decir pero como siempre digo te guste o te pese son los hechos y no las emociones las que explican una acción como esta.