Teatro en Santiago: Diputados fiscalizarán al Ministerio de Justicia

Por Redacción Nacional

Santiago de Cuba.- Bajo la etiqueta de “ejercicio de fiscalización”, par de viejas canosas con cargo diputadas de la Asamblea Nacional han llegado a Santiago de Cuba para examinar al Ministerio de Justicia. El comunicado oficial habla de transparencia, apego a la legalidad y cercanía con la ciudadanía. Sin embargo, detrás de esa puesta en escena se esconde lo de siempre: un ritual burocrático que intenta disimular, con lenguaje solemne, la falta de verdadera rendición de cuentas en un sistema donde el Parlamento no fiscaliza al poder, sino que lo reproduce y lo protege.

El discurso de Daysi Bárbara López Saucedo, coordinadora de este proceso en la región oriental, resume bien la paradoja. Según ella, la misión es “observar el cumplimiento de las funciones requeridas” y “velar por los derechos de los ciudadanos”. La pregunta inevitable es: ¿qué derechos pueden garantizar quienes, como diputados, responden al mismo aparato que limita libertades, encarcela disidentes y convierte la justicia en un engranaje de la represión? Fiscalizar sin independencia es, en sí mismo, una contradicción.

La liturgia incluye también palabras mágicas como “digitalización” y “modernización”, términos recurrentes en los discursos oficiales que intentan vender la idea de un Estado en constante avance. Se habla de trámites en línea y de tecnologías que acercan los servicios a la población. Pero la realidad, es que mientras el país vive apagones interminables y colas interminables, esas promesas tecnológicas resultan más un espejismo que una meta alcanzable. Modernidad sin electricidad es solo propaganda.

La fiscalización no cuestiona el poder

El guion repite otra escena previsible: escuchar “al pueblo” en encuentros cuidadosamente organizados. Allí se simula un diálogo que, en verdad, está atado a los límites del oficialismo. Los santiagueros podrán plantear preocupaciones, sí, pero siempre dentro del margen permitido por quienes deciden qué es legítimo reclamar. La fiscalización, por tanto, no busca cuestionar al poder, sino confirmar que todo sigue bajo control, que la crítica permitida nunca trasciende los muros de la obediencia.

En definitiva, lo que se anuncia como un ejercicio de supervisión es más bien una representación teatral: diputados que examinan a un ministerio para concluir, inevitablemente, que todo marcha con dificultades, pero dentro de lo correcto. Una vez más, se perpetúa la ilusión de legalidad en un país donde la ley sirve más para controlar que para proteger. La verdadera fiscalización —la que nace de una prensa libre, de tribunales independientes y de ciudadanos sin miedo— sigue siendo la gran ausente en Cuba.