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Por Yeison Derulo
Ciego de Ávila.- Varios sitios informativos han revelado presuntos vínculos entre altos funcionarios del aparato represivo en la provincia de Ciego de Ávila y familiares directos que actualmente residen en Estados Unidos. El reporte apunta a un posible esquema de doble moral y eventuales irregularidades migratorias, lo que ha despertado el interés de organizaciones de derechos humanos y activistas del exilio cubano.
En el centro de la denuncia aparece la teniente coronel Niurka Valdez Figueredo, jefa de Instrucción Policial en Ciego de Ávila. Según testimonios, la oficial habría tenido un papel clave en la elaboración de expedientes penales contra jóvenes detenidos tras las protestas registradas el 13 de marzo de 2026 en la ciudad de Morón. Familiares de los arrestados y diversas fuentes señalan que dichos procesos judiciales podrían haber sido construidos con cargos fabricados.
El informe también menciona al teniente coronel Girber González Solenzer, esposo de Valdez Figueredo y miembro de la Seguridad del Estado. De acuerdo con los testimonios citados, el funcionario tendría acceso a celdas de castigo donde se realizarían interrogatorios bajo presión psicológica y amenazas, lo que, de confirmarse, constituiría violaciones a estándares básicos de derechos humanos.
Mientras tanto, la investigación asegura que una hija de la pareja, Melisa González Valdez, reside actualmente en Miami, Florida. El reporte plantea la posibilidad de que durante los trámites migratorios no se haya declarado el vínculo familiar con funcionarios de alto rango del Ministerio del Interior cubano, lo cual podría entrar en conflicto con disposiciones de la legislación migratoria estadounidense que restringen el ingreso de personas vinculadas a aparatos represivos de gobiernos totalitarios.
El caso continúa bajo seguimiento por parte de periodistas independientes y miembros de la comunidad cubana en el exilio. Según el informe, se han iniciado gestiones para notificar a autoridades migratorias estadounidenses y a organismos de investigación federal sobre los hechos señalados, mientras activistas piden que se revisen los posibles nexos y se investigue la situación de los jóvenes detenidos en Morón.
