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Por Luis Alberto Ramírez ()
Miami.- Ningún régimen totalitario se derrumba por la simple aplicación de sanciones económicas, y la razón es estructural, no coyuntural. Estos sistemas no están diseñados para responder al bienestar del ciudadano, sino para preservar el poder a toda costa. En ese esquema, el pueblo deja de ser sujeto político y se convierte en instrumento de supervivencia del propio régimen.
En el caso de Cuba, esta lógica es aún más evidente: el Estado no administra en función del desarrollo social, sino en función del control. El deterioro económico no genera necesariamente presión interna efectiva, porque los mecanismos de represión, propaganda y dependencia están diseñados precisamente para neutralizar cualquier reacción autónoma de la población.
El hambre, lejos de ser un efecto colateral, se transforma en un mecanismo de disciplina social: quien depende del Estado para subsistir, difícilmente puede enfrentarlo.
Por ello, asumir que un mayor aislamiento económico provocará una negociación o una apertura política es, en el mejor de los casos, una lectura incompleta. El régimen no negocia el sufrimiento porque no lo percibe como un costo político relevante; al contrario, lo instrumentaliza. Mientras el poder siga siendo sinónimo de supervivencia para la élite gobernante, cederlo no es una opción racional.
La historia demuestra que estos sistemas no colapsan por asfixia económica externa, sino cuando se rompe el equilibrio interno que sostiene el control: ya sea por fracturas dentro de la propia élite, pérdida de capacidad represiva o cambios estructurales en la correlación de fuerzas. Sin esos factores, las sanciones, por sí solas, tienden más a prolongar la inercia del sistema que a transformarlo.
Los castristas no van a ceder, por muy buenas intenciones que tengan el Presidente Trump y Marco Rubio, porque las buenas intenciones no paren libertad.
