Por Eduardo Díaz Delgado ()

La Habana.- El partido-gobierno cubano admite su fracaso en la producción de alimentos, lo hace en un momento que es extremadamente obvio, y aun así no es la parte peor del problema.

El gobierno cubano no solo ha fracasado en aumentar la producción de alimentos, sino que ha logrado algo aún más preocupante: hacerla caer drásticamente.

Desde casi los inicios de la revolución -puede ser también robo ilusión- la producción de alimento ha ido comprometiendo y disminuye a ciclos, al extremo de que en los últimos 34 años ha sido un verdadero dolor de cabeza. Se repiten períodos de crisis y de medidas que no logran sus objetivos, siempre con las mismas fórmulas.

Desde el año 2018, se han implementado cientos de medidas en paquetes de resoluciones que han sido un verdadero fracaso. Incluso se han aprobado por el gobierno leyes como la de «Fomento ganadero», la «ley de pesca» y otra de «soberanía alimentaria». Sin embargo, estas no han resultado en lo absoluto. Han sido, en la práctica, meros mecanismos para regular, restringir y controlar, lejos de fomentar la productividad.

El problema radica en que estas leyes no son soluciones reales, sino instrumentos para aumentar las restricciones económicas. Limitan la libertad de los productores, encadenan las formas en que se puede trabajar la tierra y sofocan cualquier intento de prosperar. Es un modelo que se repite: más control, menos resultados.

Las restricciones económicas nunca han aumentado la productividad; al contrario, generan un efecto acumulativo devastador.

Las constantes escaladas de represión económica, como los topes de precios, las limitaciones a las cadenas de comercio y las restricciones para la producción y venta, han vaciado el campo. ¿Cómo se puede esperar que alguien siembre, cuando lo único que cosechará son pérdidas? La ironía es que, en nombre del progreso, se condena a la nación a una crisis alimentaria perpetua, alimentada por el propio sistema que dice querer solucionarla.

Mientras tanto, como alternativa para la alimentación del país, el gobierno recurre a la importación. Pero esta opción no es accesible para todos. Queda reservada para aquellos que están «enchufados», personas con favores políticos o vínculos directos con el poder cubano. Los intermediarios y actores económicos con capacidad de importar tienen, en realidad, una colaboración estrecha con los dirigentes del gobierno. Así, se crea una estructura de privilegio en la que solo unos pocos se benefician, mientras la inmensa mayoría sufre la escasez y los altos precios. Algo irónico frente a las consignas socialistas con las que se convive.

Lo más contradictorio es que los topes de precios y controles se aplican únicamente a los alimentos producidos en Cuba, ahogando a los agricultores nacionales. Mientras tanto, los alimentos que venden los «amigos del poder» no tienen estas limitaciones. Estas personas, con acceso privilegiado, lucran vendiendo comida a los emigrados cubanos, quienes, desesperados por alimentar a sus familias en medio de una miseria extrema, pagan los precios que el sistema permite a los privilegiados imponer. Es un juego perverso en el que la escasez y el hambre son el escenario ideal para que unos pocos se enriquezcan, mientras el resto apenas sobrevive.

Y entonces, ¿hay que salir a marchar por esto, para que esto siga?
#QueVayaSandro