Petroleo humanitario

Por Luis Alberto Ramirez ()

Miami.- En Cuba existe un pequeño sector privado, sí. Hay restaurantes, transportistas, arrendadores y pequeñas manufacturas. Pero no existe, en términos reales, un empresariado independiente con infraestructura para importar, almacenar y distribuir hidrocarburos a escala nacional. El combustible en la isla ha sido históricamente: Monopolio estatal. Altamente regulado. Estratégicamente controlado por estructuras vinculadas al poder

Pretender que las MIPYME cubanas puedan convertirse de pronto en actores relevantes del mercado energético no es solo optimista: roza a infantil. La ambigüedad de Washington. La política estadounidense hacia Cuba lleva años moviéndose en una zona gris incómoda: Se mantiene el embargo… pero se multiplican las excepciones. Se sanciona al aparato estatal… pero se crean vías indirectas que, en la práctica, son difíciles de aislar del mismo aparato.

La nueva licencia parece seguir ese patrón: una medida diseñada para ayudar al pueblo sin fortalecer al Estado, pero aplicada en un entorno donde la frontera entre ambos es extremadamente difusa. Porque en la economía cubana actual, la pregunta no es menor: ¿Puede realmente moverse combustible a gran escala sin tocar, directa o indirectamente, estructuras estatales?

Las dudas

El contexto geopolítico también pesa. Desde Caracas, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez ha dado señales de ajustar los envíos petroleros a Cuba en medio de negociaciones con Washington, lo que abre la puerta a que el flujo se reactive bajo nuevas condiciones. Es decir, la licencia no surge en el vacío: forma parte de un reacomodo energético regional donde Washington intenta rediseñar los canales sin romper completamente el suministro.

Si el objetivo real es aliviar la crisis energética del pueblo cubano, la pregunta clave no es si la licencia existe, sino si el mecanismo es viable en la práctica.

El sector privado cubano carece de músculo financiero para grandes compras de crudo. No posee infraestructura logística independiente suficiente. Opera dentro de un ecosistema donde el Estado sigue siendo el actor dominante. Por eso, muchos observadores ven la medida con escepticismo. No porque la intención declarada sea necesariamente negativa, sino porque la ingeniería política parece desconectada de la estructura económica real de Cuba.

Si el combustible solo puede enviarse a empresas privadas… ¿qué empresa privada en Cuba está hoy en condiciones reales de gestionar petróleo a esa escala? Hasta que esa pregunta tenga una respuesta concreta (no teórica), estas licencias seguirán pareciendo más un ejercicio de diseño político que una solución energética efectiva. Y en Cuba, mientras tanto, los apagones no entienden de licencias, porque los cubanos, los que verdad necesitan del combustible, seguirán a pie, solos y a oscuras.