¿Otro ordenamiento?

Por Luis Alberto Ramirez ()

Miami.- Según anunció recientemente la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, el nuevo “ordenamiento de la comercialización” permitirá que las MIPYMES y las cooperativas dedicadas al comercio mayorista establezcan contratos con entidades estatales, religiosas, diplomáticas y extranjeras. El anuncio vino acompañado de la consabida promesa: esta supuesta flexibilización contribuirá a aumentar la oferta de bienes y servicios y, eventualmente, a bajar los precios.

Hasta ahí, el discurso parece el de cualquier reforma económica razonable. Pero como casi siempre ocurre en el modelo cubano, el diablo está en los detalles.

Lo que realmente marcó el anuncio no fue la apertura, sino la condición. La ministra dejó caer la frase que lo desnuda todo: los negocios privados que quieran dedicarse al comercio mayorista deberán contar con una aprobación “avalada centralmente por el PCC” y alineada con la “estrategia de desarrollo territorial y del país”.

Un concepto impreciso, maleable, indefinible… y extremadamente útil para discriminar. En Cuba, donde la ley es un marco decorativo y la voluntad del Partido Comunista es la norma real, esta exigencia es un filtro político en toda regla. En buen cubano: el que no aplauda o no sepa lamer botas, no entra al reparto.

Sigue la dependencia

Este “aval centralizado” no solo condiciona la existencia de un negocio mayorista a simpatías políticas, sino que coloca a los empresarios privados en una situación de dependencia total del Gobierno central. La autorización no se basa en eficiencia, capacidad de gestión o necesidad económica; se basa en lealtad ideológica.

La ministra presentó esta medida como un mecanismo para mejorar la oferta y, por extensión, para aliviar los precios que asfixian a la población. Pero cualquier economista sabe que cuando la competencia depende de criterios políticos, la eficiencia desaparece. Cuando los permisos se otorgan por afinidad al poder, no por mérito, el resultado no es más oferta: sino más control.

Los negocios mayoristas que logren operar serán aquellos que el régimen considere “seguros”, es decir, dóciles, idóneos. Y como el mercado mayorista sería un privilegio otorgado por el Partido, no habrá incentivos para competir, innovar ni reducir precios, es decir, seguirán dándole vueltas a la noria.

En esencia, lo que el Gobierno está haciendo es repartirse Cuba como una piñata. Abre espacios económicos, sí, pero cuidadosamente restringidos a los leales. Los sectores de mayores ganancias potenciales, mayoristas, importadores, comercializadores a gran escala, se convierten en premios políticos.

Cuba necesita igualdad de oportunidades

El mensaje es claro: Quien quiera prosperar dentro del país debe subordinarse al PCC. Quien no lo haga, queda fuera del circuito económico más lucrativo. Y el ciudadano común seguirá pagando precios altos porque el mercado no está pensado para servirle, sino para sostener al poder, es decir: la misma mierda.

El “ordenamiento de la comercialización” no busca modernizar la economía ni dinamizar la oferta. Es una herramienta más para reforzar el control político sobre el sector privado. Una simulación de apertura donde todo queda en manos del mismo árbitro: el Partido Comunista. ¡coño que no acaban de entender!

Cuba no necesita más piñatas repartidas entre los mismos actores de siempre. Necesita reglas claras, igualdad de oportunidades y una economía donde el éxito no dependa del grado de sumisión al poder, sino del talento, el esfuerzo y la capacidad de producir bienes y servicios que el país desesperadamente necesita. Cuba no necesita mas reformas sino cambios, “cambiar todo lo que debe ser cambiado” Empezando por Miguel Diaz Canel y terminando por el barrendero del comité central.