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Antes de empezar, una petición sencilla.
Si conoces a alguien —un familiar, un amigo o un conocido— que trabaja en la policía, en el sistema judicial, en el ejército o en alguna institución del Estado en Cuba, envíale este artículo. No para discutir ni para acusar. Solo para que lo lea con calma.
Este texto no está escrito contra esas personas.
Está escrito sobre una pregunta que todos los seres humanos enfrentan alguna vez en la vida: qué hacer cuando una orden entra en conflicto con la conciencia.
A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres comunes —padres, madres, vecinos— han terminado participando en actos que, en otras circunstancias, jamás habrían imaginado realizar. No porque fueran monstruos, sino porque formaban parte de un sistema donde obedecer era más fácil que cuestionar.
Este artículo intenta explicar por qué ocurre eso.
Hace algunos años, cuando trabajaba como fotógrafo en La Habana, mi estudio recibía personas de todo tipo. Una de las sesiones más comunes eran las fotos de quinceañeras. Esos días eran especiales: madres nerviosas, muchachas tímidas frente a la cámara y la presión de que todo saliera perfecto.
Mi forma de trabajar siempre fue la misma: hablar mucho. Hacer chistes, cantar alguna canción si hacía falta, contar historias. Todo con un objetivo muy simple: que la muchacha se relajara y se sintiera cómoda. Cuando eso ocurría, las fotos salían mejor.
Con el tiempo terminé conversando con personas de todos los mundos posibles. Había padres médicos, obreros, policías, personas que habían pasado por la cárcel, profesores, trabajadores del turismo. Cada sesión terminaba siendo también una conversación sobre la vida cotidiana en Cuba.
Una mañana llegó una madre con su hija para hacer las fotos de quince. Mientras hablábamos durante la preparación de la sesión, me comentó a qué se dedicaba.
Era jueza.
Aquello ocurrió poco tiempo después de las protestas del 11 de julio de 2021.
La curiosidad me llevó a hacerle una pregunta directa.
Le pregunté qué hacía cuando le tocaba un caso donde sabía que la persona no debía ir a prisión.
La respuesta fue inmediata.
—Tengo que hacerlo porque me lo ordenan.
Lo dijo con naturalidad, como si fuera algo obvio.
Después añadió algo más. Dijo que a ella todavía no le había tocado un caso así directamente, pero que conocía a compañeros suyos que sí habían tenido que condenar a personas sabiendo que la decisión era injusta.
La explicación que me dio fue sencilla: las órdenes venían de arriba.
Según me dijo, era una especie de equilibrio dentro del sistema. Los jueces protegían a la policía y la policía protegía a los jueces. Cada parte cumplía su papel.
Recuerdo bien cómo terminó aquella conversación.
Le dije que nada de eso iba a durar para siempre. Que algún día las cosas cambiarían y que cuando ese momento llegara tendría que tomar una decisión.
No como jueza.
Como persona.
Ella respondió con tranquilidad que, para ella, lo que hacía era correcto.
Entonces le hice otra pregunta.
—¿Correcto en sentido moral, o correcto porque te lo ordenan?
Se quedó en silencio.
Ese silencio explica muchas cosas sobre cómo funcionan los sistemas de represión.
La historia de aquella jueza no es un caso aislado. De hecho, es un fenómeno muy estudiado por la psicología social.
Durante décadas, investigadores han intentado entender por qué personas normales pueden terminar participando en actos profundamente injustos cuando forman parte de una estructura de autoridad.
Una de las investigaciones más conocidas sobre este tema fue realizada por el psicólogo Stanley Milgram en la Universidad de Yale en la década de 1960.
Milgram quería responder una pregunta inquietante: ¿cómo fue posible que miles de personas participaran en las atrocidades del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial?
Para investigar esto diseñó un experimento aparentemente simple.
A los participantes se les decía que debían administrar descargas eléctricas a otra persona cada vez que cometiera un error en una prueba de memoria. En realidad, la persona que recibía las descargas era un actor y no sufría daño alguno.
Pero los participantes no lo sabían.
A medida que avanzaba el experimento, las descargas aumentaban de intensidad. El supuesto «aprendiz» comenzaba a gritar de dolor, pedía detener el experimento y finalmente dejaba de responder.
Lo sorprendente fue lo que ocurrió después.
Cuando el investigador —una figura de autoridad con bata blanca— les decía que debían continuar, la mayoría de las personas obedecía.
Incluso cuando pensaban que podían estar causando un daño grave.
El resultado final fue impactante: alrededor del 65% de los participantes continuó administrando descargas hasta el nivel máximo simplemente porque una autoridad les decía que continuaran.
Milgram llamó a este fenómeno estado agéntico.
En ese estado psicológico, la persona deja de verse a sí misma como responsable de sus actos. Se percibe como un instrumento que ejecuta la voluntad de una autoridad superior.
La pregunta moral deja de ser «¿esto está bien o mal?».
Pasa a ser otra mucho más simple: «¿estoy cumpliendo correctamente la orden?».

Algo parecido observó la filósofa Hannah Arendt durante el juicio al oficial nazi Adolf Eichmann en Jerusalén.
Arendt esperaba encontrarse con un monstruo ideológico, un fanático lleno de odio.
En cambio encontró a un burócrata mediocre.
Un hombre que repetía una y otra vez que simplemente había cumplido órdenes.
A partir de esa observación, Arendt formuló una idea que se volvió famosa: ** la banalidad del mal**.
Según esta idea, algunos de los peores crímenes de la historia no han sido cometidos necesariamente por personas sádicas o perversas, sino por individuos que renuncian a pensar por sí mismos.
Personas que se refugian en la estructura de una institución.
Personas que convierten decisiones morales en simples trámites administrativos.
Cuando eso ocurre, la responsabilidad se diluye.
El que detiene dice que solo cumple su trabajo.
El que acusa dice que solo aplica la ley.
El que juzga dice que solo sigue instrucciones.
Y el sistema continúa funcionando.

En Cuba, como en muchos otros sistemas autoritarios, la estructura del poder está diseñada precisamente para distribuir la responsabilidad de esa manera.
Las órdenes descienden por una cadena jerárquica donde cada persona cumple una función específica.
El policía que realiza una detención puede decir que solo cumple órdenes.
El investigador que redacta el expediente puede decir que solo sigue un procedimiento.
El fiscal puede afirmar que solo presenta cargos basados en la información recibida.
El juez puede argumentar que aplica lo que establece la ley.
Cada paso parece técnicamente correcto dentro del sistema.
Pero el resultado final puede ser profundamente injusto.
Durante las protestas del 11 de julio de 2021, miles de ciudadanos salieron a las calles en distintas ciudades del país. Muchos de ellos fueron detenidos, procesados y condenados a penas de prisión muy severas.
En muchos de esos casos, las acusaciones estuvieron relacionadas con delitos como «sedición» o «desórdenes públicos».
Detrás de cada una de esas condenas hubo policías, investigadores, fiscales y jueces que cumplieron su función dentro del sistema.
La mayoría de esas personas probablemente no se considera a sí misma represora.
Se consideran profesionales que cumplen con su deber.
Y precisamente ahí está el problema.
Vuelvo entonces a aquella conversación en el estudio fotográfico.
Cuando le pregunté a la jueza si lo que hacía era correcto por convicción moral o simplemente porque lo ordenaban, ella guardó silencio.
Ese momento fue breve, pero revelador.
Porque en ese silencio aparece algo que ninguna institución puede controlar completamente: la conciencia individual.
Todos los sistemas autoritarios dependen, en última instancia, de que las personas que los sostienen continúen obedeciendo sin hacerse ciertas preguntas.
Pero esas preguntas siempre terminan apareciendo.
A veces en una conversación casual.
A veces en una noche de insomnio.
A veces cuando alguien cercano te mira a los ojos y te pregunta si lo que estás haciendo es justo.
La historia demuestra que ningún sistema político es permanente.
Todos cambian.
Cuando eso ocurre, las sociedades suelen mirar hacia atrás y preguntarse cómo fue posible que tantas injusticias ocurrieran durante tanto tiempo.
Pero esa pregunta colectiva en realidad está formada por miles de decisiones individuales.
Cada policía que recibe una orden.
Cada funcionario que firma un documento.
Cada juez que dicta una sentencia.
Cada uno enfrenta en algún momento la misma pregunta fundamental:
¿obedecer o pensar?
No siempre es una decisión fácil. Existen presiones, miedos, carreras profesionales, familias que dependen de un salario.
Pero incluso dentro de esas circunstancias difíciles, sigue existiendo algo que ninguna orden puede sustituir.
La responsabilidad personal.
La historia también muestra otra cosa importante. Cuando los sistemas represivos caen, muchas veces llega el momento de la rendición de cuentas.
Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos responsables del régimen nazi fueron juzgados en los juicios de Núremberg. Algunos fueron condenados a largas penas de prisión. Otros fueron ejecutados. Otros, antes de enfrentar la justicia, decidieron suicidarse.
En América Latina ocurrió algo parecido décadas después. En Argentina, Chile y otros países, militares y funcionarios que habían participado en dictaduras terminaron siendo juzgados años más tarde por crímenes cometidos cuando estaban en el poder.
En todos esos procesos apareció una misma defensa: «solo cumplía órdenes».
Pero el derecho internacional fue claro al respecto. En los propios Juicios de Núremberg quedó establecido el llamado Principio IV, que afirma:
«El hecho de que una persona actúe en cumplimiento de una orden de su Gobierno o de un superior no le exime de responsabilidad conforme al derecho internacional, siempre que de hecho haya tenido la posibilidad de elegir».
Este principio se convirtió en una de las bases del derecho internacional moderno en materia de crímenes de Estado.
Obedecer órdenes no elimina la responsabilidad cuando esas órdenes implican violaciones graves contra otras personas.
Esa idea quedó establecida precisamente después de los crímenes del siglo XX.
Por eso la pregunta no es solo política. Es también profundamente personal.
Cada persona que hoy participa en un sistema de represión tendrá que responder algún día —ante la historia, ante la justicia o ante su propia conciencia— por las decisiones que tomó.
Porque cuando los sistemas cambian, las excusas suelen perder valor.
Y decir «lo hice porque me lo ordenaron» rara vez convence a quienes sufrieron las consecuencias.
El día que Cuba cambie —como han cambiado todos los países que han vivido bajo sistemas cerrados— también llegará el momento de mirar hacia atrás.
Ese día, lo único que realmente importará no será la orden recibida.
Será la decisión que cada persona tomó frente a ella.
Una última pregunta para quien lea este texto.
¿Has estado alguna vez en una situación donde tu trabajo te obligó a ir contra tu conciencia?
Si quieres, puedes contarlo en los comentarios. También puedes hacerlo de forma anónima.
A veces escuchar las experiencias de otros ayuda a entender que las decisiones morales que parecen individuales en realidad son dilemas humanos compartidos.