NUEVAS REFORMAS ECONÓMICAS DEL RÉGIMEN CASTROCANELISTA ENCLAVIZAN AÚN MÁS AL SECTOR PRIVADO

Por José Pepe Centella ()

Port Saint Lucie.- A solo tres años de que se legalizara el llamado sector privado en Cuba, el Régimen Castrocanelista acaba de anunciar un paquete de medidas económicas dirigidas más bien a esclavizar a esas empresas, debido al recrudecimiento de los controles estatales a las que serán sometidas.

En sentido general, las medidas eliminan los incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a los mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para los solicitantes que quieran crear una entidad de tipo privada.

También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores (no importa si reportan pérdidas) , endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión del sector privado por parte de inspectores estatales con instrucciones de ser implacables.

Contrario a las leyes que regulan las relaciones de mercado privado, los dirigentes de ciudades y los pueblos pueden, ahora, denegar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.

Los controles de precio sin respetar el concepto de oferta y demanda constituyen el primer eslabón para el fracaso y los cubanos los saben muy bien. Cuando el Mercado Libre Campesino de la décadas de 1980 se convirtió en un alivio alimentario para la población, pero desapareció en pocos años cuando el estado comenzó a regular los pecios y generó pérdidas en los productores e intermediarios de venta.

William LeoGrande, profesor de política latinoamericana y política exterior estadounidense en la American University de Washington, dijo que las regulaciones «tienen todas un efecto similar: restringir al sector privado, en lugar de liberarlo». Y esto es lo que parece estar haciendo el régimen cubano.

Cuba ha aprobado en tres años 11.355 empresas privadas. Los empleados del sector, junto a los 600.000 trabajadores por cuenta propia en Cuba, representan ya el 25 por ciento de los empleos y el 15 por ciento de las importaciones, según datos oficiales.

Los pequeños minoristas privados -la última fuente confiable y variada de alimentos que queda- pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan del extranjero, según expertos y dueños de negocios consultados por la agencia Reuters.