El monopolio se viste de “flexibilización”
Por Anette Espinosa ()
La Habana.- El Decreto 143/2025 y la Resolución 16/2026, presentados como un avance hacia la desregulación agropecuaria, no son en esencia una reforma de mercado. A lo sumo, agregan grados de flexibilización a esquemas previos, pero sin tocar el núcleo duro: el monopolio estatal sobre la comercialización.
En un contexto donde la empresa estatal es ya un actor minoritario en la producción, el control de los circuitos de compra y venta se convierte en la última trinchera del Estado para imponer una planificación centralizada que asegure, dicen, el carácter “socialista” de la base agropecuaria. Así, más que fomentar competencia o delegar funciones en gobiernos locales, la nueva normativa apuesta por mantener la soga del monopolio.
El centro de todo es el control de los precios. Con figuras como los precios centralizados, los concertados y los topes máximos, el Estado determina burocráticamente el valor de los productos, dejando a los productores con una capacidad de negociación casi nula. El resultado es previsible: precios bajos, que no reflejan costos reales ni la libre oferta y demanda, y que desincentivan cualquier intento de producir más o mejor. No se trata de un fallo del diseño, sino de su propósito: distorsionar el mercado para que no funcione como tal.
Acopio, como ejemplo elocuente
El caso de Acopio es el ejemplo más revelador. Después de casi una década desde su “dignificación” y cinco años de su reestructuración como Grupo Empresarial subordinado al Consejo de Ministros, las autoridades han entendido a regañadientes que su ineficacia era insostenible. Por eso, se ha permitido la entrada de otros actores en la comercialización. Pero ojo: no es una competencia nivelada. Acopio conserva una extensa red de puntos de acopio, mercados, almacenes mayoristas y centros de distribución que le dan una ventaja estructural imposible de igualar por cualquier cooperativa o pequeño productor.
La decisión de no desestatizar los activos de Acopio —ni mediante venta ni mediante arrendamiento— revela la postura profundamente conservadora del régimen frente a las reformas agropecuarias. Se omite así una lección que ya debería estar aprendida: haber entregado la producción agrícola al sector privado (campesinos y cooperativas) ha sido la única razón por la que hoy el país no ha colapsado del todo en materia de alimentos. Pero la comercialización sigue siendo el cordón umbilical que el Estado no está dispuesto a cortar.
En el fondo, lo que se esconde detrás de este maquillaje normativo es el miedo a perder el control. Porque quien controla los precios y los canales de distribución, controla el campo. Y en un país donde el Estado ya no produce casi nada, aferrarse al monopolio comercial es la última manera de decir que el socialismo agropecuario sigue vivo. Pero la realidad, tozuda, muestra otra cosa: mientras los productores privados generan alimentos, el monopolio estatal los ahoga. Eso no es reforma. Es un torniquete.
