MARTÍ ESTABA EQUIVOCADO

Por Luis Alberto Ramirez ()

La estructura de poder en Cuba ha evolucionado desde un sistema revolucionario autodeclarado popular hacia una élite militar-empresarial cerrada y autocrática. En el centro de esta transformación se encuentra GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), un conglomerado de empresas dirigido por altos mandos militares, directamente vinculados a la familia Castro y sus círculos más íntimos.

Lejos de ser una empresa estatal tradicional, GAESA se ha consolidado como el verdadero poder económico en la isla, operando con una opacidad absoluta y sin rendición de cuentas ni al Estado, ni mucho menos al pueblo cubano.

GAESA administra vastos sectores de la economía cubana: turismo, comercio exterior, importaciones, zonas especiales de desarrollo como la del Mariel, transporte, telecomunicaciones, bancos y tiendas en divisas. Sin embargo, lo más significativo no es el alcance de sus actividades, sino su falta de fiscalización pública.

Estas empresas no están obligadas a publicar balances financieros, no son auditadas por organismos independientes y no responden al Parlamento ni a ninguna otra instancia del aparato estatal cubano. En la práctica, funcionan como empresas privadas bajo el control de un clan militar-familiar, que actúa sin restricciones jurídicas ni políticas.

Un ente poderoso sin fiscalización alguna

El aparato estatal cubano actúa más como una pantalla institucional que como una verdadera estructura de gobierno. El Parlamento, lejos de representar al pueblo, se comporta como una «manada de focas», aplaudiendo mecánicamente lo dictado por la cúpula sin cuestionamientos.

Este simulacro de democracia es una caricatura macabra de la representación popular, donde las decisiones trascendentales del país no se debaten ni se consultan, sino que emanan verticalmente desde un poder cerrado y hereditario.

El poder que detenta GAESA está sustentado en una premisa clara: no tener que rendir cuentas a nadie. Esto les otorga una ventaja insólita respecto a cualquier estructura empresarial en un Estado moderno. Manejan fondos públicos como si fueran capital privado, sin contralor ni obligación de transparencia.

En este contexto, la corrupción no solo es una posibilidad, sino una lógica estructural del sistema. La ausencia de mecanismos de control permite el enriquecimiento personal de sus miembros y el uso del país como una empresa familiar, sin restricciones ni competencia.

Desigualdad extrema: mientras la mayoría de la población vive con salarios simbólicos y acceso limitado a bienes básicos, los directivos de GAESA operan en una burbuja de privilegios y lujos, en una suerte de «casta» intocable.

Un secuestro a la soberanía nacional

Descomposición institucional: el Estado pierde legitimidad ante la ciudadanía al convertirse en un brazo protector de una élite económica y militar, y no en un representante del interés común. Cualquier intento de transparencia, apertura o fiscalización está bloqueado de antemano, ya que implicaría desmontar la estructura de poder real.

En definitiva, la relación entre GAESA, la familia Castro y el Estado cubano no es la de una administración al servicio del pueblo, sino la de un poder fáctico que ha secuestrado la soberanía nacional.

Cuba no se gobierna desde el Consejo de Ministros ni desde la Asamblea Nacional; se gestiona desde los despachos militares de quienes controlan la economía. Este modelo no solo perpetúa la miseria y el estancamiento, sino que anula toda posibilidad de evolución democrática mientras no se rompa el círculo cerrado de poder que impide el control ciudadano sobre los recursos nacionales.

Martí le dijo a Máximo Gómez en La Mejorana y cito: “General, un país no se gobierna como se maneja un campamento militar”. Pues sí, la familia Castro ha demostrado que Martí estaba equivocado.