
Los incentivos fiscales de la Resolución 208/2026: ¿otro número del circo de tres pistas económico?
Por Pedro Monreal (El Estado como tal)
La Habana.- La actual política económica de Cuba cada vez se parece más a un circo de tres pistas sin director que coordine a los domadores, a los trapecistas y a los payasos.
Han anunciado hoy la Resolución 208/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios que establece reducciones de impuestos (bonificaciones fiscales) a los actores económicos y las personas naturales por la inversión realizada en construcción, rehabilitación o equipamiento de escuelas, policlínicos, hogares de ancianos, centros culturales o instalaciones deportivas.
La Resolución es un reconocimiento pragmático de las restricciones actuales, pero su diseño es cuestionable.
Para empezar, expresa una lógica invertida de la secuencia fiscal estándar que fluye desde la actividad económica hacia los impuestos que engrosan el presupuesto que permite la provisión de bienes y servicios públicos.
En el esquema propuesto, el Estado grava la actividad económica y luego devuelve parcialmente mediante “una deducción del impuesto a pagar, equivalente al veinte por ciento (20 %) de la inversión realizada; cuya deducción se aplicaría en un plazo de hasta cinco años”. El inversor entrega 100 y recupera 20 en alivio fiscal, mientras el activo queda en manos del Estado.
Para un actor privado racional, el retorno es bajo en un entorno de alta inflación, inseguridad jurídica y controles de la ONAT. Para empresas estatales, el mecanismo es circular porque los recursos públicos o crediticios se destinan a infraestructura pública y se obtiene un alivio tributario que reduce los ingresos del mismo Estado.
Cuando el Estado ofrece -como hace ahora- devolver parte de los impuestos a cambio de que los agentes privados o empresas estatales financien directamente bienes públicos, se invierte parcialmente el flujo y por tanto se debilita el contrato fiscal implícito del modelo económico.
El contribuyente percibe que paga impuestos y también se le pide (mediante un incentivo parcial) que cubra huecos del gasto público, mientras el activo en el que ha invertido queda bajo control estatal.
Aquí hay una cuestión importante. El esquema puede erosionar la legitimidad del sistema tributario del país y mostrar más claramente que el Estado cubano no logra convertir la recaudación en servicios de calidad de forma eficiente.
¿Qué sentido tiene tomar una decisión política interna que arriesga la legitimidad del sector público en medio de una crisis estructural cuya solución pasa por transformaciones que sean percibidas como legítimas por los ciudadanos?
En economías de mercado se usan incentivos similares, pero suelen complementarse con un Estado que mantiene capacidad fiscal básica y con reglas claras de propiedad y competencia. Aquí el mecanismo aparece como respuesta a una contracción indetenible de la capacidad estatal para “entregar” bienes y servicios públicos.
Es un síntoma de agotamiento de la capacidad fiscal del Estado más que una solución estructural.



















