
EL RÉGIMEN ABANDONA A LOS CUBANOS ANTE LA OLA DE ROBOS DE CABLES ELÉCTRICOS
Por Yeison Derulo
La Habana.- La delincuencia sigue ganando terreno en Cuba ante la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad ciudadana. La periodista oficialista Marianela Martín denunció el robo de casi 100 metros de cable eléctrico de 220 voltios en su vivienda, un hecho ocurrido a las 6:50 de la mañana de este domingo, justo al lado del lugar donde dormía.
Los ladrones, según Martín, aprovecharon un apagón para subir al alero de la casa, cortar el tendido y escapar con el material. La víctima escuchó los movimientos, gritó y alertó a los vecinos, aunque uno de los sospechosos logró desaparecer a toda velocidad.
Lo más preocupante es que no se trata de un episodio aislado. A laa propia periodista le habían sustraído hace un tiempo atrás cables similares y breakers en su edificio y en otras construcciones cercanas. La situación evidencia el crecimiento de un mercado ilegal que encuentra terreno fértil en medio del descontrol y la falta de vigilancia.
Un metro de ese cable cuesta alrededor de 3.000 pesos, una cifra considerable para cualquier trabajador cubano. Los delincuentes han encontrado en estos robos una fuente de ingresos, mientras las familias terminan pagando las consecuencias.
Martín llamó a la Policía inmediatamente después del asalto. La respuesta fue que enviarían agentes al lugar, aunque hasta el momento de su denuncia seguía esperando. Las posibles huellas permanecían en la escena y los vecinos incluso señalaron dos puntos de La Habana, la calle Monte y el Puente de 100, donde presuntamente se comercializan materiales eléctricos robados.
¿Qué espera la Policía para investigar esos establecimientos, decomisar los productos de procedencia sospechosa e identificar a quienes abastecen ese negocio?, se pregunta la comunicadora. No hace falta descubrir la pólvora para entender que detrás de cada mercado de artículos robados existe una cadena de compradores y vendedores que merece una investigación.
En Cuba, el ciudadano está cada vez más desprotegido. Tiene que soportar apagones interminables, precios desorbitados, escasez de productos básicos y ahora también la posibilidad de quedarse sin electricidad por culpa de delincuentes que operan con aparente impunidad.
La dictadura presume de control y vigilancia para perseguir a quienes disienten, organizar actos políticos y mantener a raya cualquier manifestación de descontento. Sin embargo, cuando se trata de proteger a una familia de los ladrones, la respuesta institucional parece reducirse a una promesa telefónica que nadie cumple.
Lo ocurrido demuestra otra de las tantas desgracias que golpean a la ciudadanía bajo el régimen castrista. No basta con pedirle al pueblo resistencia, paciencia y sacrificio cuando ni siquiera puede dormir tranquilo en su propia vivienda.
La seguridad no es un privilegio reservado a los dirigentes ni una consigna para repetir en los discursos oficiales. Es un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar. Si las autoridades conocen los lugares donde se revenden estos materiales y no actúan, la pregunta resulta inevitable: ¿quién protege realmente al ciudadano en esta Cuba donde hasta los cables de su casa pueden desaparecer durante un apagón?



















