LLUEVE SOBRE MOJADO: MÁS RESTRICCIONES AL PRIVADO EN CUBA

Por Pedro Monreal (El Estado como tal)

La Habana.- Llueve sobre mojado. Ya en Cuba se había prohibido desde agosto el comercio mayorista exclusivamente privado. La Resolución 56 detalla ahora su implementación bajo el ardid del “ordenamiento”, pero es una estocada a las relaciones de mercado y discrimina la actividad privada.

Parecería que la burocracia considera factible matar varios pájaros de un tiro: aprovechar divisas privadas para re-monopolizar la oferta mayorista y reducir competidores para que las empresas estatales mayoristas aumenten poder de mercado y rentabilidad.

La Resolución 56 convierte los actores no estatales, que tienen liquidez y flexibilidad y que hoy realizan la mayor parte del comercio minorista, en una gran masa de clientes cautivos de las empresas mayoristas estatales, estas sin divisas y no pocas de ellas ineficientes.

Con la Resolución 56 parece intentarse “oxigenar” el sector mayorista estatal, asfixiando el sector privado. Queda al desnudo la falacia de la “igualdad” entre actores económicos. Se discrimina al sector mayorista privado despojándolo de su mercado.

Hay al menos dos “elefantes en la habitación” de la Resolución 56 que oficialmente no se mencionan. El primero es ¿Cómo funcionaría con efectividad una cadena de liquidez estatal- privada que involucra divisas y moneda nacional?

El otro elefante en la habitación es ¿En qué se basa el supuesto oficial de que las alegadas ventajas de la intermediación estatal (infraestructura, transporte, etc.) tendrían el efecto suficiente para contener la inflación en un mercado con escasez crónica de oferta?

Más allá de que el supuesto efecto antinflacionario de estas medidas sea muy discutible a la luz del fracasado “ordenamiento” de 2021, el hecho es que se une ahora al “arsenal” de las medidas anti-mercado de la “ingeniería social” que se practica oficialmente en Cuba.

Parecería que el relato oficial asigna un poder excesivo a las regulaciones estatales restrictivas, asumiendo que los “actores” privados -poseedores de liquidez en divisas- están indefensos y no adoptarían medidas para reducir riesgos, incluyendo mover su dinero a otra parte.

Existe también un problema con el momento de aplicación: un mes en el que usualmente aumenta la demanda de bienes de consumo y donde cualquier escasez adicional asociada a “experimentos” pudiera “eslabonarse” con una mayor inestabilidad social.