Legítima desobediencia: cuando el pueblo no tiene otra voz

Por Joel Fonte ()

La Habana.- No son hechos vandálicos, no son desórdenes públicos, son actos de legítima desobediencia civil…

Nelson Mandela, abogado sudafricano y el activista contra el apartheid más famoso del siglo XX, líder del Congreso Nacional Africano (CNA) y luego de su excarcelación el primer presidente negro de su país, no solo promovió la desobediencia civil como instrumento de lucha política, sino que sumó a ella, e integró, la lucha violenta mediante actos de sabotaje contra el régimen sudafricano, creando para ello el ala militar del CNA. Estos actos incluyeron el bombardeo de instalaciones militares y centrales eléctricas.

Las Naciones Unidas reconocen hoy a Mandela como un luchador por la paz, y le asignan un día a su figura y legado.

El fallecido dictador Fidel Castro, que negó por décadas el derecho de los cubanos a la demanda pacífica de derechos, fue, irónicamente, «admirador» de Mandela.

Mahatma Gandhi, también abogado, promotor y líder de la independencia de la India del Imperio Británico, partidario de la resistencia no violenta, es conocido universalmente por sus actos de desobediencia civil. La Marcha de la Sal, que desafió leyes impositivas coloniales, es un referente de lucha política. Todo su actuar fue símbolo universal de desobediencia civil como método frente al poder.

Desobediencia civil como forma de desacato político

Rosa Parks, activista negra de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, parte esencial del Movimiento por los Derechos Civiles en los Estados Unidos del siglo XX, desafió las leyes de segregación racial de su época, y gestó el boicot contra los autobuses en Montgomery, Alabama.

Martin Luther King, Malcolm X…

La historia está llena de figuras que apelaron a la desobediencia civil como forma de desacato político, como manifestación de compromiso con causas sociales.

Así, en virtud de una de las definiciones más aceptadas comúnmente de desobediencia civil —la del filósofo estadounidense John Rawls— esta es un actuar público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido frecuentemente con el fin de ocasionar un cambio en esta, o en los programas de un gobierno.

No obstante, aunque se plantea la desobediencia civil por su naturaleza no violenta, ciertas formas de violencia pueden estar justificadas, sobre todo cuando el poder que se cuestiona no deja más opción por no propiciar espacios para el ejercicio de la protesta cívica.

Y este es el caso de Cuba, de la nación cubana, como tantos otros pueblos sujetos a la tiranía y la opresión de regímenes totalitarios.

En democracia el poder no es privilegio

Porque en una democracia viable, funcional, el poder entiende como una obligación el gobierno, y no como un privilegio. Viéndolo así, los gobernantes entienden la protesta cívica como un método ciudadano para perfeccionar la forma de ejercer ese gobierno, de hacer política, y estimulan el ejercicio de ese derecho a la manifestación, a la protesta, que en principio tiene rango constitucional.

El castrismo, sin embargo, aun cuando admitió tales derechos —con limitantes de fondo manipuladoramente ideologizadas— en la constitución que impuso en 2019, sistemáticamente ha prohibido y criminalizado en la práctica el ejercicio de la protesta cívica, empujando así al pueblo a formas obligadas de desobediencia civil.

Por eso, lo que vimos en una ciudad del centro de la isla días atrás no puede calificarse bajo ningún término político o de derecho penal como actos vandálicos o desórdenes públicos: son reflejo del agotamiento físico y moral de un pueblo que, impedido de ejercer sus reclamos lícitamente, apela a la desobediencia civil.

Y es inevitable que ello persista, porque la necesidad de justicia, como el ejercicio de la dignidad, no se puede aplazar…

No más dictadura en Cuba. Basta de tolerar injusticias. No más temor.