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Por René Fidel González García
Santiago de Cuba.- Dentro de muy poco tiempo, quizás unos pocos días, se estará acusando penalmente en Cuba a Alina Bárbara López Hernández y a Jenny Victoria Pantoja Torres. Las acusarán por la comisión de presuntos delitos de desacato, desobediencia y atentado.
Si alguna vez usted puede leer la acusación que la Fiscalía hará para sostener tales acusaciones, es muy probable que sienta que está delante de un narración absurda e inconsistente. Pero de lo que no puede tener dudas es que ambas, a pesar de ello, serán sancionadas por jueces. Luego asistirán, con absoluta indiferencia, a eventos y foros científicos internacionales y nacionales a discursar sobre derechos, justicia, constitución y democracia.
A Alina y a Jenny no la van a condenar por haber cometido delitos de desacato, desobediencia y atentado, en realidad todo es más sencillo.
Las van a sancionar, como nos pudiera pasar a cualquiera de nosotros, porque en Cuba los ciudadanos no disfrutan del elemental derecho a la igualdad política o de otros derechos políticos. Cualquier académico cubano del Derecho, que hoy ejerce en nuestras escuelas de Derecho, o en los Tribunales y Bufetes, lo sabe. Esto es más allá de los estrechos y oscuros límites que establece el modelo de poder de la exclusión política vigente en nuestro país.
Hay cuestiones, luchas, sueños, empeños y aspiraciones que pertenecen, por su genealogía y trascendencia, al futuro. Otras, como la venalidad y la complicidad con el mal, pertenecen al territorio de la memoria.
El diálogo entre los excluidos es, en primer lugar, un acuerdo sobre lo que creemos decente.
