Las garras bajo la manga

Por Luis Alberto Ramirez ()

Miami.- Durante años, el régimen cubano ha perfeccionado el arte del doble discurso. Declara tolerancia, apertura y respeto a la libertad de expresión. Sin embargo, en la práctica reprime, acosa y silencia a quienes se atreven a alzar la voz. Esta vez, los protagonistas del nuevo capítulo de represión son los estudiantes universitarios. Con valentía, han comenzado a cuestionar la injusta dolarización de los servicios de comunicación e internet en Cuba, un sistema diseñado y monopolizado por el conglomerado militar GAESA. Este sistema es ejecutado sin competencia ni escrutinio a través de la empresa estatal ETECSA.

Inicialmente, las autoridades intentaron mostrar una cara amable: aseguraron que los jóvenes tenían derecho a protestar, a expresarse y a participar en el debate público. Esto ocurrió en las protestas del pueblo aquel 11 de julio. Mientras el presidente del tribunal supremo explicaba el derecho del pueblo a protestar pacíficamente, las fuerzas represivas actuaban en las calles de toda la isla. Además, los tribunales repartían años de prisión como se reparten caramelos en un cumpleaños.

Como es habitual en los métodos del régimen, la represión no siempre comienza con golpes o arrestos. Comienza con estrategias más sutiles, pero igual de crueles: citaciones «informales», presiones dentro de las universidades, amenazas veladas de expulsión. También se hacen advertencias sobre futuros profesionales truncados si persisten en su postura «rebelde».

Acoso, represión… y, al final, miedo

Las organizaciones de masas, la FEU, la UJC, la CTC, todas instrumentalizadas por el poder, fueron movilizadas como fachada para controlar y «dialogar» con los estudiantes. Pero, como era previsible, al no lograr apaciguar las exigencias ni frenar la indignación legítima, el régimen cambió rápidamente de tono. Lo que comenzó como un intento de mediación se transformó en acoso sistemático. Ahora, los estudiantes son vigilados y señalados. En algunos casos, son castigados académicamente por ejercer un derecho básico en cualquier sociedad mínimamente libre: protestar.

El fondo del conflicto es aún más perverso. Mientras la población apenas puede costear el acceso a internet, indispensable para el estudio, el trabajo y la vida moderna, los ingresos por estos servicios se cobran en moneda libremente convertible, inaccesible para la mayoría. ¿Quién se beneficia de esto? GAESA, el emporio económico de los militares, ha convertido las telecomunicaciones en otra fuente de control y enriquecimiento. Este enriquecimiento ocurre a costa del sufrimiento popular.

La respuesta del régimen a este reclamo revela que no hay voluntad real de diálogo ni reforma. Solo hay manipulación, control y una profunda intolerancia a cualquier forma de disidencia. Esto ocurre incluso cuando la disidencia proviene de jóvenes universitarios. En teoría, ellos deberían ser el motor del futuro del país.

El mensaje es claro: en Cuba, protestar sigue siendo un delito no escrito. Además, la rebeldía, aunque justificada, se paga caro. Pero también hay otra lectura: el miedo del régimen a los estudiantes no es poca cosa. Porque cuando los jóvenes pierden el miedo, el poder envejece. Cada estudiante que se atreve a hablar es un síntoma de que el sistema, aunque violento y autoritario, se está quedando sin argumentos y sin futuro.