Las campañas de hostigamiento rebelan la catadura del régimen

Por Manuel Viera ()

La Habana.- Una nueva campaña de desprestigio contra una joven cubana ha generado fuertes cuestionamientos sobre los límites reales de la libertad de expresión en la isla y los métodos utilizados para silenciar voces críticas.

La polémica surgió después de que la joven realizara declaraciones consideradas contrarias a narrativas oficiales, lo que desencadenó una respuesta coordinada en su contra. Según testigos, la situación ejemplifica un patrón recurrente: cuando argumentos fácticos no pueden refutarse, se recurre a la descalificación personal y a mecanismos de presión institucional.

«Estos episodios confirman que existe una sistemática violación a la libertad de expresión en Cuba», declaró una fuente que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias. «El patrón se repite: cuando no pueden refutar los argumentos, atacan a la persona mediante actos de repudio, pérdida de empleo o estudios, e intimidación policial».

Entre las personas que participaron en las críticas contra la joven aparece Lidia Guevara, una funcionaria de avanzada edad cuya inclusión en la campaña ha generado especial controversia. Según documentos laborales a los que tuvo acceso este medio, Guevara trabajó en la Empresa de Astilleros de Casablanca a inicios de los años 2000, donde su desempeño fue calificado como deficiente según evaluaciones de la época.

La crisis moral del sistema

Posteriormente, Guevara impartió cursos de Derecho Laboral en la entidad estatal PREGER, donde según testimonios de antiguos alumnos, «sus clases se caracterizaban por la incoherencia y desorganización». La participación de una persona de edad avanzada en estos episodios ha sido interpretada por analistas como un intento de dar legitimidad generacional a las acciones de hostigamiento.

«Que el Estado movilice a una mujer anciana para atacar a una joven revela la profundidad de la crisis moral del sistema», señaló un sociólogo cubano que pidió no ser identificado. «Es sintomático que en lugar de argumentos solo puedan ofrecer insultos y amenazas».

El caso ha puesto en evidencia lo que expertos en derechos humanos describen como «la paradoja represiva cubana»: mientras el gobierno se presenta internacionalmente como defensor de libertades, internamente despliega mecanismos sistemáticos para silenciar el disenso mediante campañas de difamación y represalias socioeconómicas.

Organizaciones internacionales han documentado numerosos casos donde cubanos críticos han perdido sus empleos, sido expulsados de centros de estudio o enfrentado hostigamiento constante por expresar opiniones disidentes. Las autoridades cubanas niegan sistemáticamente estas acusaciones, insistiendo en que en la isla se respetan todos los derechos humanos.

El episodio más reciente ocurre en un contexto de creciente malestar social ante la persistente crisis económica y el endurecimiento de las medidas de control político, sugiriendo que las tensiones entre el Estado y sectores de la sociedad civil podrían intensificarse en los próximos meses.