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Por Max Astudillo ()
La Habana.- El régimen cubano ha tenido el cinismo de presentar los sucesos de Corralillo como un acto de «defensa de la soberanía». Cuatro cubanos muertos, seis heridos, y la versión oficial de una lancha rápida con fusiles y chalecos antibalas que resultó ser una vieja embarcación de pesca con un solo motor.
Pero para entender la naturaleza de este régimen, no hace falta creer en su palabra. Basta con mirar su historial. Porque el castrismo no es nuevo en esto de disparar primero y mentir después. Tiene una larga tradición de sangre que hoy, ante el espejo de Corralillo, debería avergonzarlos. Si es que les queda un resto de vergüenza.
El 24 de febrero de 1996, la Fuerza Aérea Cubana derribó dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en espacio aéreo internacional. Los pilotos, Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, murieron desintegrados por misiles aire-aire disparados desde un MIG-29.

Las grabaciones de las comunicaciones entre los pilotos militares y la torre de control son escalofriantes: «Danos autorización, carajo!», «Autorizado a destruir», y luego, tras el impacto, la celebración: «Le partimos los cojones! Le partimos los cojones!».
Eso no fue un acto de guerra, fue una ejecución. Y el gobierno cubano, lejos de asumir responsabilidades, montó una cortina de humo con la historia de que los aviones habían violado su espacio aéreo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado cubano era responsable de la violación del derecho a la vida, pero La Habana nunca respondió a los requerimientos. Treinta años después, los familiares siguen esperando justicia.
Años antes, el 13 de julio de 1994, ocurrió la tragedia del remolcador 13 de Marzo. Setenta y dos cubanos que intentaban llegar a Estados Unidos en una embarcación que habían preparado durante meses fueron interceptados por tres remolcadores del gobierno cubano: los Polargo 2, 3 y 5.
Los barcos estatales dispararon chorros de agua a presión que lanzaron al mar a mujeres y niños, y luego embistieron el remolcador de madera hasta hundirlo. Murieron 41 personas, entre ellas 10 niños . Jorge García perdió a 14 familiares esa madrugada, incluidos dos hijos, un nieto y su yerno. El gobierno cubano calificó el hecho como un «lamentable accidente». Pero los sobrevivientes contaron cómo los Polargo, con sus potentes motores, montaron un cerco alrededor de los náufragos creando remolinos de agua para que no pudieran salvarse .

Y luego está la historia de Juan Pablo Roque, el espía infiltrado en Hermanos al Rescate que desapareció de Miami días antes del derribo de las avionetas y apareció en La Habana convertido en héroe. Roque, que había recibido asilo político en Estados Unidos después de una «fuga falsa» de la isla, era en realidad un teniente coronel de la Fuerza Aérea Cubana que había estado años infiltrado en las organizaciones del exilio.
Hoy, según sus propias declaraciones, vive en la ruina, necesita vender su casa y su Rolex para sobrevivir, y dice sin arrepentimiento: «No hice nada indebido. La decisión de derribar los aviones fue del gobierno soberano de Cuba» . Ese es el nivel de impunidad y de cinismo con el que el régimen ha operado siempre.
La historia del barco XX Aniversario es un monumento a la impunidad y a la capacidad del régimen castrista para ocultar sus crímenes bajo el manto de la propaganda. El 6 de julio de 1980, tres jóvenes —Roberto Calveiro León, de 16 años, y los hermanos Silvio y Sergio Águila Yanes, de 18 y 19— decidieron secuestrar la embarcación que hacía excursiones turísticas por el río Canímar para huir hacia Estados Unidos.
En un país donde salir era un delito, donde el comunismo había cerrado las puertas con candado de hierro, esos muchachos hicieron lo que cualquier persona con un mínimo instinto de libertad habría intentado: buscar una rendija por donde escapar del encierro. Lo que encontraron fue una emboscada diseñada por Julián Rizo Álvarez, secretario del Partido Comunista en Matanzas, que desde la orilla ordenó detener la fuga costara lo que costara. Y costó decenas de vidas.
La respuesta del régimen fue desproporcionada, cruel y meticulosamente planeada. Dos lanchas patrulleras de la Armada cubana abrieron fuego contra una embarcación civil llena de familias, con niños, con ancianos. Cuando eso no bastó para hundir el barco de fibra de cemento, un avión de la Fuerza Aérea sobrevoló la escena y, pese a que los pasajeros levantaban a los niños en el aire suplicando clemencia, disparó contra la cubierta.
Luego, un enorme bote de trabajos industriales embistió el XX Aniversario hasta hundirlo en aguas cercanas a la libertad. Mientras el barco se iba a pique, Sergio Águila, sabiendo lo que le esperaba —tortura y ejecución— se encerró en la cabina y se pegó un tiro. Prefirió la muerte a caer en manos de quienes ya habían demostrado que no tenían piedad.
En el agua, el horror continuó. Los tiburones, atraídos por la sangre de los heridos y los muertos, se sumaron a la masacre. Y de aquello el régimen hizo silencio y manipuló todo.
Ahora, ante la masacre de Cayo Falcones, el gobierno cubano vuelve a montar el mismo teatro. La lancha FL7726SH, una vieja Pro-Line de 1981 de 21 pies, era físicamente incapaz de cargar el arsenal que la dictadura describe. No hubo enfrentamiento naval, hubo una emboscada. Y la respuesta de Washington no se ha hecho esperar: el fiscal de Florida, James Uthmeier, prometió hacer «todo lo posible para que rindan cuentas», y Marco Rubio ha dejado claro que habrá una respuesta contundente.
Pero mientras tanto, los voceros del régimen, como Leticia Martínez, jefa de prensa de Díaz-Canel, se burlan de los muertos compartiendo memes de esqueletos en ataúdes. La misma lógica de «le partimos los cojones» que celebraron en 1996.

La pregunta final es inevitable: ¿con qué moral el régimen tilda de «terroristas» a unos cubanos que buscaban asestarle un golpe por la vía armada, cuando ellos mismos canonizan como «héroes» a quienes hicieron exactamente lo mismo en el yate Granma?
En Cuba no existe un Estado de Derecho; es una tiranía donde el Artículo 5 de su propia Constitución otorga poder absoluto al Partido Comunista, situándolo por encima del bien, del mal y de la ley. Ante un Estado ilegítimo por decreto, la pregunta flota sobre los cadáveres aún calientes de Cayo Falcones: ¿quién es el verdadero terrorista, el ciudadano que decide alzarse por la libertad, o la cúpula militar que lo embosca y masacra para perpetuar su macabra guerra psicológica?