
La ley de los gobernantes
Una antigua ciudad romana y una lección que algunos todavía no han aprendido
Por Héctor Miranda (Tomado de su Facebook)
La Habana.- En los últimos años del siglo I antes de nuestra era, cuando Octavio Augusto comenzaba a consolidar su poder sobre los vastos territorios de Roma, existía, en algún lugar de la costa meridional del Mediterráneo, una pequeña ciudad llamada Aurelia. No era una ciudad especialmente rica ni destacaba por la grandeza de sus edificios. No tenía grandes palacios, ni templos comparables a los de Roma, ni ejércitos capaces de impresionar a las legiones imperiales. Sin embargo, tenía algo que muchas ciudades más poderosas habían perdido: sus habitantes habían comprendido que gobernar no era disfrutar de privilegios, sino asumir responsabilidades.
Aurelia estaba sometida a la autoridad de Roma y pagaba sus tributos al Imperio. Tenía un consejo de ancianos, comerciantes, artesanos y propietarios, además de un magistrado que ejercía como máxima autoridad local. Los problemas no eran muy diferentes de los que padecían otras ciudades de la época: las fuentes se secaban, las murallas sufrían los embates del tiempo, los caminos se deterioraban, los almacenes quedaban vacíos y, de vez en cuando, alguna epidemia ponía en peligro a sus habitantes. Pero Aurelia tenía una peculiaridad que la hacía diferente de todas las ciudades conocidas.
Muchos años antes, después de una terrible sequía que dejó a buena parte de la población sin agua, los habitantes se rebelaron contra la costumbre de sus gobernantes de permanecer cómodamente instalados en sus residencias mientras los ciudadanos padecían las consecuencias de la desgracia. El magistrado de entonces había enviado emisarios, redactado órdenes y prometido soluciones, pero nunca había aparecido por los barrios donde la gente hacía colas interminables frente a las fuentes secas. Aquello terminó provocando una revuelta que estuvo a punto de acabar con el gobierno de la ciudad.
Cuando finalmente se restableció el orden, los habitantes aprobaron una ley que habría de distinguir a Aurelia durante generaciones. La llamaron Lex Praesidis, la Ley del Gobernante. Su principio era tan sencillo como implacable: allí donde existiera un problema que afectara a la vida de los ciudadanos y no fuera resuelto en un plazo razonable, el magistrado tendría que trasladar allí su residencia hasta que el problema desapareciera.
No era solo protocolo
No se trataba de una visita protocolaria, ni de una inspección acompañada de escribas y soldados. El gobernante debía vivir allí, compartir las mismas condiciones que los afectados y experimentar personalmente las consecuencias de su propia incapacidad para resolver el problema. Si faltaba agua en un barrio, tendría que instalarse en una vivienda de aquel barrio y utilizar la misma fuente que sus vecinos, aunque estuviera seca.
Si una parte de la muralla se derrumbaba y las reparaciones no llegaban, trasladaría su cama junto a las piedras caídas y permanecería allí hasta que los albañiles terminaran su trabajo. Si los almacenes públicos estaban vacíos y las familias no tenían qué llevarse a la boca, el magistrado tendría que sentarse a la mesa de aquellos que pasaban hambre y compartir su suerte. Ni siquiera los miembros del consejo quedaban exentos: cuando la responsabilidad de un problema fuera colectiva, sus integrantes tendrían que acompañar al magistrado.
La ley no contemplaba excepciones por rango, linaje, riqueza o amistad con los representantes de Roma. Tampoco admitía que un funcionario alegara desconocimiento de la situación. En Aurelia se había establecido una regla elemental: quien tenía autoridad para gobernar tenía también la obligación de padecer las consecuencias de no hacerlo bien.
Al principio, los magistrados recibieron aquella disposición como una humillación. Algunos intentaron retrasar su aplicación, otros buscaron interpretaciones jurídicas que les permitieran eludirla y no faltó quien pretendiera convencer al consejo de que semejante ley perjudicaría la dignidad de las instituciones. Pero los ciudadanos fueron inflexibles. Un anciano comerciante, durante una de las primeras sesiones del consejo, pronunció una frase que quedó grabada en una inscripción colocada en el foro: «La dignidad de quien gobierna no está en el lugar donde duerme, sino en la vida que garantiza a quienes gobierna».
Comenzaron los cambios
Con el tiempo, ocurrió algo curioso. Los magistrados comenzaron a preocuparse por los problemas mucho antes de que se convirtieran en calamidades. Los acueductos se reparaban antes de que las fuentes dejaran de manar; los almacenes se abastecían antes de que llegara el invierno; las murallas se inspeccionaban con regularidad y los caminos recibían mantenimiento. Los funcionarios dejaron de conformarse con redactar informes y comenzaron a comprobar personalmente si las cosas funcionaban. No porque se hubieran vuelto mejores personas, sino porque habían descubierto que la negligencia tenía consecuencias muy concretas: podían terminar viviendo en el mismo barrio sin agua, comiendo de los mismos almacenes vacíos o durmiendo junto a la misma muralla derrumbada.
Una tarde, un viajero procedente de Roma llegó a Aurelia y preguntó al magistrado por qué aquella ciudad parecía tan bien atendida, a pesar de disponer de menos recursos que otras poblaciones de la región. El gobernante, que por entonces era un hombre de edad avanzada, lo invitó a recorrer sus calles. Le mostró las fuentes, los mercados, los almacenes y las murallas. Después, señalando una pequeña vivienda junto a una fuente recién reparada, le explicó:
—En esta ciudad no tenemos gobernantes que puedan permitirse olvidar los problemas de sus ciudadanos. Cuando el agua falta, ellos también pasan sed. Cuando el pan escasea, ellos también conocen el hambre. Y cuando una muralla se derrumba, no pueden dormir tranquilos hasta que vuelve a levantarse.
El viajero sonrió y le preguntó si no consideraba demasiado severa aquella ley.
—Severo —respondió el magistrado— es exigirle a un hombre que trabaje para alimentar a sus hijos mientras quienes tienen la obligación de resolver sus problemas viven como si nada ocurriera. Nuestra ley no castiga a quien gobierna. Simplemente le recuerda para qué gobierna.
Y así fue como Aurelia, una pequeña ciudad sometida al Imperio romano, consiguió que sus gobernantes entendieran algo que no siempre se aprende en los palacios: el poder no es una recompensa, sino una responsabilidad.
Un saltico a Cuba
Ahora abandonemos por un momento las calles de piedra de Aurelia y viajemos hasta la Cuba de nuestros días.
Imaginemos que aquella antigua ley se aprobara en la isla. ¿Qué ocurriría si los gobernantes cubanos, desde el más alto cargo hasta el último responsable municipal, estuvieran obligados a trasladarse a los lugares donde los problemas de sus ciudadanos permanecen sin resolver? ¿Dónde vivirían los dirigentes cuando en un barrio no hubiera agua durante semanas? ¿Qué comerían cuando una familia no tuviera alimentos para sus hijos? ¿Cómo iluminarían sus viviendas cuando los apagones se prolongaran durante horas interminables? ¿A qué hospital acudirían cuando faltaran médicos, cuando no hubiera medicamentos o cuando una persona enferma tuviera que esperar por una atención que nunca llega? ¿En qué transporte viajarían cuando los autobuses no aparecieran y trasladarse de un lugar a otro se convirtiera en una odisea?
Y todavía habría que añadir una última pregunta: ¿qué sucedería con aquellos dirigentes que, después de escuchar durante años las mismas reclamaciones, siguen sin ofrecer soluciones? ¿Tendrían que compartir también la mesa vacía de los ciudadanos, las noches sin electricidad, las colas interminables y la incertidumbre de no saber cómo resolver las necesidades más elementales de sus familias?
En Cuba, los ciudadanos llevan demasiado tiempo viviendo en una realidad que sus gobernantes parecen contemplar desde una distancia cuidadosamente protegida. Mientras las familias buscan agua, alimentos, transporte y medicamentos, quienes dirigen el país disponen de condiciones y recursos que están muy lejos de las penurias cotidianas de la mayoría. Se escuchan reclamaciones, se anuncian planes, se celebran reuniones, se pronuncian discursos y se redactan compromisos. Pero los problemas permanecen, se acumulan y terminan formando parte de una normalidad que nunca debería haber sido aceptada.
Quizá por eso la vieja ley de Aurelia resulte tan incómoda cuando se la compara con la Cuba actual. Porque no hay nada más revelador sobre la calidad de un gobierno que observar dónde viven sus dirigentes mientras sus ciudadanos padecen las consecuencias de sus decisiones. Y tal vez la pregunta que habría que hacerles no sea cuántos años llevan gobernando, cuántos discursos han pronunciado o cuántas veces han prometido solucionar los problemas del país.
La pregunta es mucho más sencilla: si tuvieran que vivir exactamente como viven los cubanos a quienes gobiernan, ¿cuántos días tardarían en encontrar las soluciones que llevan décadas sin encontrar?



















