La reforma de las pensiones en Cuba: otro parche para una seguridad social en ruinas

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Por Anette Espinosa

La Habana.- El Gobierno cubano acaba de promulgar una amplia reforma de su sistema de Seguridad Social que entrará en vigor dentro de siete días, informaron medios oficilaistas.

La nueva legislación introduce ajustes anuales de las pensiones en función de la inflación, reconoce hasta diez años de cuidados familiares no remunerados para el cálculo de la jubilación y elimina los límites máximos de contribución para los trabajadores privados.

Sobre el papel, la reforma parece un avance importante. El problema es que estamos hablando de un país donde los jubilados sobreviven con pensiones miserables, los salarios no alcanzan para comprar alimentos y la inflación se ha convertido en una trituradora de cualquier ingreso familiar.

La medida reconoce por primera vez el trabajo de quienes dedican años al cuidado de familiares dependientes. También incorpora beneficios para jóvenes de entre 18 y 30 años que se encuentran desvinculados del estudio y el empleo, ofreciéndoles un ingreso equivalente al salario mínimo durante su preparación laboral.

Hasta ahí, todo parece bastante razonable. La realidad llega cuando ponemos los números sobre la mesa: el salario mínimo está fijado en 3.210 pesos, una cantidad que representa apenas entre tres y cuatro dólares en el mercado informal. Pretender incentivar la incorporación laboral juvenil con semejante remuneración es otra muestra de la desconexión que existe entre los burócratas de La Habana y la vida cotidiana de los cubanos.

La nueva normativa también establece una pensión mínima de 3.056 pesos y dispone que el Consejo de Ministros la revise anualmente atendiendo a la situación económica y la inflación.

Después de una vida entera trabajando, un jubilado cubano tiene derecho a cobrar poco más de tres dólares al cambio informal. Con esa cantidad no se resuelve ni una compra básica en cualquier mercado de la isla.

Los ancianos necesitan medicamentos, alimentos, electricidad y condiciones mínimas para vivir dignamente. En cambio, reciben una pensión que los obliga a depender de sus hijos, de las remesas familiares o de cualquier ayuda que aparezca. La Seguridad Social debería proteger a quienes trabajaron durante décadas, no condenarlos a una vejez de miseria.

Otro elemento de la reforma es la flexibilización del sector privado. A partir de ahora, los cubanos podrán combinar legalmente empleos estatales y privados, desarrollar varias actividades por cuenta propia y realizar contribuciones superiores a los antiguos límites establecidos.

La aportación será del 20 % de la base de contribución declarada, sin que pueda ser inferior al salario mínimo. Es una apertura que reconoce, aunque sea a regañadientes, la importancia de los trabajadores privados en la economía nacional.

Durante años, el régimen demonizó la iniciativa individual, persiguió a emprendedores y defendió un modelo estatal incapaz de producir siquiera lo necesario para alimentar a la población. Ahora necesita que esos mismos trabajadores aporten más dinero para sostener un sistema que lleva años haciendo aguas.

El gran problema de Cuba no se resuelve promulgando leyes ni anunciando 176 transformaciones económicas y sociales que apenas se traducen en mejoras para la población. El país necesita una reforma económica de verdad, instituciones que funcionen, salarios dignos y un sistema productivo capaz de generar riqueza.

También necesita transparencia en el manejo de los recursos públicos y responsabilidades políticas por décadas de desastre. No se puede vender como una conquista social una pensión de tres dólares ni presentar un salario mínimo de cuatro dólares como incentivo para los jóvenes.

La dictadura ha convertido la Seguridad Social en otro reflejo de su fracaso. Los cubanos trabajaron toda una vida con la promesa de una jubilación digna. Ahora les toca hacer malabares para sobrevivir hasta final de mes.

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